Rodrigo Arenas, presidente editor de República GT, denunció que existe un presunto plan para atentar contra su vida y la de su equipo editorial. Según su versión, la amenaza provendría de actores vinculados a la narcopolítica y estaría relacionada con investigaciones publicadas por ese medio digital sobre estructuras criminales y redes de narcotráfico con influencia en el poder

Una amenaza ligada a sus investigaciones

En un comunicado, Arenas afirmó que la advertencia no es abstracta y que el supuesto complot ya fue identificado. También sostuvo que la información reunida apunta a una reunión reciente de personas vinculadas con el crimen organizado, en la que se habrían definido objetivos contra el equipo periodístico. Añadió que esos datos fueron entregados a autoridades locales y a gobiernos aliados

Reacciones desde Washington y el gremio periodístico

La embajada de Estados Unidos en Guatemala reaccionó a la denuncia y calificó como preocupantes los reportes sobre políticos asociados al narcotráfico que buscarían operar desde la sombra. En su mensaje, advirtió que mantendrá una postura firme contra quienes utilicen el poder político para proteger actividades delictivas, con un llamado dirigido también al escenario electoral de 2027

La Cámara Guatemalteca de Periodismo expresó su alarma por la denuncia y pidió una investigación independiente, seria y completa para determinar responsabilidades, incluidos posibles autores intelectuales y financiistas. La organización también solicitó medidas de protección para Arenas y para integrantes de su equipo, entre ellos Alejandro Palmieri, editor de política, y José Fernando Orellana, director editorial

Un antecedente judicial

Antes de fundar República GT, Arenas estuvo vinculado a un caso de financiamiento electoral ilícito investigado por el Ministerio Público y la CICIG. En esa causa, relacionada con el proceso electoral de 2015 y con el partido FCN-Nación, fue señalado por su participación en mecanismos de aportación a través de empresas como Novaservicios S.A. para cubrir gastos de fiscalización y logística

En mayo de 2018, la entonces jueza Erika Aifán lo ligó a proceso junto con José Andrés Botrán por ese delito. Más adelante, la Corte de Constitucionalidad resolvió a favor de los empresarios procesados y anuló la decisión que los había enviado a juicio