La agenda pública atraviesa un escenario político inestable, marcado por el endeudamiento interno, la crisis de las pymes y cuestionamientos sobre decisiones judiciales. En ese contexto, distintas iniciativas volvieron a poner a la provincia de Buenos Aires en el centro del debate institucional

Entre las propuestas aparecen la eliminación del Senado provincial para avanzar hacia una legislatura unicameral, la supresión de algunas tasas e impuestos, una reforma del régimen municipal y la reelección indefinida de los intendentes

El debate sobre los municipios metropolitanos

También se planteó la federalización de 27 municipios del Área Metropolitana, con el argumento de mejorar la coordinación de sus actividades y otorgarles nuevas atribuciones

La iniciativa presenta una contradicción con el desarrollo del federalismo argentino. La reforma constitucional de 1994 reconoció la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, mientras que el artículo 123 estableció la autonomía municipal como principio para todo el país. Desde entonces, más de 200 municipios elaboraron sus propias cartas orgánicas

Federalizar, sin embargo, no equivale a profundizar el federalismo. El término refiere a una atribución excepcional vinculada con establecimientos de utilidad nacional, como pueden ser una prefectura, un aeropuerto o una universidad nacional. Esa figura no permite equiparar un municipio con esas instituciones

Por eso, convertir en federales a 27 gobiernos locales del territorio bonaerense implicaría una intromisión difícil de conciliar con la garantía federal prevista en el artículo 5 de la Constitución Nacional. También resultaría problemática la creación de nuevas provincias dentro del territorio bonaerense, porque supondría desmembrar una jurisdicción histórica en lugar de ordenar su compleja estructura

Una provincia con una estructura municipal atrasada

La provincia de Buenos Aires ya cedió su puerto y su capital en 1880, en el marco del proceso de pacificación nacional. Repetir ahora una cesión territorial bajo el argumento de resolver el fenómeno metropolitano significaría profundizar un ciclo de decisiones que no atiende las causas institucionales del problema

El régimen municipal bonaerense conserva una concepción vinculada con la Constitución provincial de 1889, cuando la población de Buenos Aires apenas rondaba los 600.000 habitantes. A lo largo de las últimas décadas se ensayaron distintas soluciones, como la Unidad Ejecutora del Conurbano bonaerense y el informe Génesis 2000 del Consejo Federal de Inversiones

Ese proceso permitió la creación de municipios como San Miguel, Ituzaingó y Ezeiza mediante la ley 11.531 de 1994, sin una participación directa de sus habitantes. Al mismo tiempo, quedó pendiente una ley que regule la segregación y fusión de municipios para atender los reclamos de localidades que buscan afirmar su identidad

Una realidad interjurisdiccional

El Área Metropolitana tampoco puede seguir pensándose como un simple conurbano en expansión ni como una aglomeración asentada en los bordes de la ciudad. Se trata de un continuo urbano que supera los 13 millones de habitantes y ocupa poco más del 1,20% del territorio nacional

Su funcionamiento depende de una relación permanente entre la Nación, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la provincia y los municipios. Los flujos de personas, las redes de transporte y la infraestructura atraviesan los límites administrativos y requieren políticas coordinadas

La solución no consiste en descartar estudios o propuestas, sino en encauzar una estructura que permanece institucionalmente rezagada. Para eso, Buenos Aires debería reformar su capítulo municipal y adecuarlo a los desafíos actuales, fortaleciendo la democracia local y el derecho a la ciudad

Autonomía, regionalización e identidad local

Resulta indispensable institucionalizar el Área Metropolitana, definir con precisión su alcance geográfico y establecer competencias comunes. Una regionalización efectiva permitiría ordenar funciones sanitarias, electorales, judiciales y policiales, entre otras, mediante criterios compartidos

Ese diseño debe estar acompañado por la autonomía de los municipios. Las decisiones locales deberían surgir de atribuciones propias y no de proyectos que desconozcan la realidad territorial

La ciudadanía también ocupa un lugar central. La identidad no se construye únicamente desde las grandes concentraciones urbanas, sino en ciudades y partidos concretos, como Temperley, Quequén, Norberto de la Riestra o Glew, donde la memoria y el sentido de pertenencia forman parte de la vida comunitaria

La provincia de Buenos Aires es la única del país que aún no reformó su capítulo municipal. Superar esa demora permitiría recuperar capacidad institucional y afrontar la cuestión metropolitana sin dividir el territorio ni trasladar sus problemas a una federalización impropia