La pregunta sobre cuándo comenzó a deteriorarse Buenos Aires puede extenderse al área que ocupa menos del 1% del territorio argentino y concentra a 15 de los 47 millones de habitantes del país. Allí se combinan hacinamiento, servicios insuficientes, fragmentación territorial y estructuras políticas locales de fuerte influencia
Los procesos urbanos rara vez se transforman de manera repentina. En la década de 1960, la situación del conurbano todavía no había alcanzado su nivel de mayor desorden, aunque las advertencias ya tenían varias décadas. A mediados de los años veinte, el urbanista Carlos Della Paolera había señalado los riesgos derivados de la saturación de la ciudad de Buenos Aires y de su expansión hacia la provincia
Una expansión sin coordinación
El crecimiento de las grandes capitales comenzó a preocupar a los gobiernos durante el período de entreguerras. La crisis de 1930, el retroceso de la actividad agrícola, las migraciones internas y la industrialización por sustitución de importaciones aceleraron la concentración urbana
Después del censo de 1947, el gobernador Domingo Mercante identificó varios problemas: la conducción dividida entre La Plata y Buenos Aires, el uso desordenado del suelo, el crecimiento edilicio en catorce municipios, la falta de un plan urbano y rural y los efectos de una industrialización extendida sin coordinación
Fue entonces cuando la región recibió oficialmente el nombre de Gran Buenos Aires. Sin embargo, el proyecto quedó interrumpido por el conflicto entre Mercante y la conducción nacional, que terminó desplazándolo del cargo
En 1958, el gobernador Oscar Alende retomó la cuestión y organizó conceptualmente el Conurbano en dos cordones industriales. Durante los años sesenta, el debate quedó ligado a la discusión sobre el desarrollo nacional y a distintos programas de erradicación de villas mediante la construcción de monobloques
Al mismo tiempo, continuó el sistema tradicional de loteos. Su eficacia disminuía a medida que aumentaba la distancia respecto de la Capital, principal centro de empleo, mientras los servicios ferroviarios y de colectivos resultaban insuficientes
El quiebre del acceso a la vivienda
Durante el último régimen militar, el gobernador Ibérico Saint-Jean impulsó la Ley 8912/77. La norma limitó los loteos y exigió que los terrenos contaran con servicios básicos y una superficie mínima de 200 metros cuadrados. El costo de esas condiciones fue trasladado al precio final y volvió inaccesibles numerosos lotes
En paralelo, el intendente porteño Osvaldo Cacciatore llevó adelante la expulsión forzada de habitantes de varias villas metropolitanas. Muchas de esas personas terminaron alojadas en casas de familiares y allegados del Gran Buenos Aires
Con el regreso de la democracia, esa presión acumulada se expresó en ocupaciones de tierras y en la formación de asentamientos que, en muchos casos, surgieron en terrenos inundables o afectados por residuos industriales
Los intendentes quedaron entonces frente a responsabilidades crecientes. A las tareas habituales de alumbrado, barrido, limpieza e inspección debieron sumar la atención de los efectos sociales de la reestructuración industrial y la urbanización de nuevos barrios, pese a contar con recursos limitados por las tasas municipales y la coparticipación provincial
La fragmentación de los territorios
La administración del conurbano se convirtió en un proceso de prueba y error. La pobreza produjo barrios con códigos y dinámicas propios, organizados alrededor de familias extensas, organizaciones delictivas, comunidades religiosas y grupos de inmigrantes
Las políticas de urbanización, los comedores y las salas de primeros auxilios convivieron con áreas donde distintas actividades ilegales pudieron desarrollarse con tolerancia o complicidad de sectores políticos y policiales
Entre esas actividades aparecieron la piratería del asfalto, el desarme de vehículos robados, los talleres textiles clandestinos, la trata y explotación sexual de menores, el juego y el narcomenudeo. Cada circuito operó con reglas propias y con distintos niveles de articulación entre actores formales e informales
Así se consolidó un orden socioeconómico paralelo, sostenido por acuerdos tácitos entre políticos, jueces, policías, vecinos y empresas. Algunas compañías textiles tercerizaban parte de su producción en talleres clandestinos; las aseguradoras enfrentaban las consecuencias del robo de vehículos; y numerosos vecinos encontraban en ferias como La Salada y sus distintas modalidades una fuente de trabajo, consumo y entretenimiento
El costo fue una pérdida de legitimidad de las intendencias tradicionales, afectadas por una inseguridad irregular y por la dificultad de gobernar territorios cada vez más heterogéneos. En ese contexto surgieron reclamos para dividir municipios y crear nuevas localidades
Más municipios, el mismo problema
Durante la gestión de Eduardo Duhalde, y en el marco de la reforma constitucional de 1994, se concretaron las divisiones de General Sarmiento, Ezeiza, Morón y San Vicente. El resultado fue una estructura de 24 municipios, que puede elevarse a 31 según el criterio utilizado para delimitar áreas, regiones, zonas o aglomerados
La reorganización administrativa, sin embargo, no resolvió las dificultades de fondo. Como había ocurrido décadas antes, las nuevas estructuras fueron superadas por una economía regional fragmentada y por modelos de desarrollo que habían perdido vigencia
Durante los años noventa y dos mil, el Gran Buenos Aires se volvió aún más complejo. La expansión de asentamientos populares avanzó al mismo tiempo que crecían las urbanizaciones cerradas destinadas a sectores de mayores ingresos, muchas veces también emplazadas en zonas ambientalmente problemáticas
En los centros urbanos, esa desigualdad quedó expuesta en la proximidad entre viviendas abandonadas de sectores medios empobrecidos y torres de lujo construidas, en ocasiones, en tensión con las normas de edificación
El resultado es la imagen de un aparato político concentrado en la disputa electoral, sin una estrategia común para la región. La falta de coordinación institucional profundizó la distancia entre las identidades locales y favoreció la violencia, la informalidad y la anomia
El Gran Buenos Aires necesita ser reconsiderado como un problema metropolitano, tanto en términos institucionales como jurisdiccionales. Superar su deterioro exige evitar que nuevas iniciativas queden subordinadas al cortoplacismo que frustró numerosos proyectos durante el último cuarto de siglo