En los últimos meses, y con más intensidad en las últimas semanas, el debate público giró en torno de un proyecto enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso bajo el nombre de “Ley de inviolabilidad de la propiedad privada”. La iniciativa reunía cambios sobre siete normas distintas y abarcaba desde expropiaciones y desalojos hasta registros inmobiliarios, tierras rurales, barrios populares y manejo del fuego
El problema de fondo fue su diseño: en lugar de tratar cada reforma por separado, se las agrupó en un solo texto. Ese formato obligaba a votar todo junto, aun cuando algunas medidas podían merecer apoyo y otras rechazo. En la práctica, eso empujó un esquema de negociación cruzada que terminó mezclando materias inconexas y generando un texto difícil de sostener
Un paquete difícil de defender
La acumulación de temas bajo una misma etiqueta debilitó la discusión parlamentaria y volvió más visible la falta de especialidad técnica. Con el correr de las negociaciones, el proyecto llegó a atravesar numerosas versiones y varios dictámenes, pero aun así no logró cerrar una redacción definitiva sin fisuras
También aparecieron errores jurídicos groseros, como referencias a normas ya derogadas y fechas de vigencia inconsistentes
La presión política y las objeciones sociales obligaron al oficialismo a retirar capítulos completos antes de la sesión. Salieron del texto las reformas vinculadas con la regularización dominial de barrios populares, el régimen de tierras rurales y la ley de manejo del fuego. El gesto permitió destrabar el tratamiento, pero al mismo tiempo achicó de manera sustancial el alcance original de la propuesta
Lo que sí quedó en pie
En el proyecto subsistieron iniciativas que, por separado, probablemente habrían tenido mejor destino legislativo. Entre ellas figuran la reforma de la ley de expropiaciones, la modernización de los registros de la propiedad inmueble y la agilización de los desalojos por incumplimientos contractuales o usurpaciones
Esta última medida, además, tendría impacto acotado al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires por el régimen procesal vigente
Pese a ese saldo parcial, la percepción pública no fue la de una victoria, sino la de una derrota. El Gobierno logró una media sanción, pero al precio de resignar más de la mitad de su propuesta inicial y de exponer a sus operadores parlamentarios a un fuerte desgaste
La lección política
El episodio deja una enseñanza clara: legislar exige escuchar, construir acuerdos y respetar la técnica normativa. Pretender imponer reformas desde una lógica cerrada, sin contacto suficiente con la realidad ni con el trabajo parlamentario, suele terminar mal. La experiencia reciente también recuerda otros conflictos en los que la dureza y la improvisación terminaron costando caro
Si el objetivo es avanzar de verdad, el camino parece otro: menos soberbia, más prudencia, más capacidad de diálogo y mejor cuidado político del Presidente