La investigación judicial por la circulación de imágenes falsas de alumnas desnudas, generadas con inteligencia artificial, dejó expuesta una pregunta incómoda: ¿cómo pueden intervenir tantos adolescentes en una conducta tan grave sin medir lo que implica?

La respuesta no está solo en la tecnología ni únicamente en el sistema judicial. Hay una distancia cada vez más grande entre la vida digital que habitan los jóvenes y la educación que reciben para moverse con responsabilidad en ese entorno

Durante años, la escuela enseñó normas de tránsito para prevenir accidentes y reglas de convivencia para ordenar la vida social. En cambio, la formación ética en el mundo digital quedó rezagada, justo cuando el teléfono celular se volvió una herramienta capaz de dañar en segundos

Desde un dispositivo es posible humillar, extorsionar, amenazar, difundir material íntimo, hostigar o fabricar imágenes falsas que arruinen la reputación de otra persona. Para muchos chicos puede parecer una broma. Para la Justicia, puede ser un delito

Una ley que obliga a mirar antes de castigar

En septiembre empezará a regir la Ley 27.801, que establece un nuevo régimen de responsabilidad penal juvenil y fija la imputabilidad desde los 14 años para determinados delitos

La discusión pública se concentró en si correspondía o no bajar la edad. Pero quedó pendiente una cuestión más importante: quién les explicó a los adolescentes qué acciones pueden hacerlos responsables ante la ley

El principio jurídico que presume el conocimiento de la norma puede ser razonable para los adultos. No lo es tanto para chicos de 14, 15 o 16 años que rara vez reciben formación sobre delitos digitales, privacidad, inteligencia artificial o conducta en redes

Un cerebro que todavía madura

La neurociencia viene mostrando que el cerebro adolescente sigue en desarrollo. Las áreas vinculadas con el control de impulsos, la evaluación de riesgos y la anticipación de consecuencias terminan de madurar recién cerca de los 25 años

Eso no borra la responsabilidad. Pero sí ayuda a entender por qué en esa etapa pesan tanto la presión del grupo, la búsqueda de aprobación inmediata y la subestimación del daño

Por eso, educar antes de sancionar no es ingenuidad. Es prevención. Un adolescente que entiende mejor el alcance de sus actos decide mejor

Las familias también quedan expuestas

Cuando un menor causa un daño, no solo puede haber consecuencias penales. También pueden aparecer reclamos civiles que alcancen a sus padres por los perjuicios ocasionados

La difusión de una imagen íntima, la manipulación de una foto con inteligencia artificial o una campaña de hostigamiento digital pueden derivar en consecuencias económicas serias para toda la familia. Muchas veces los adultos se enteran cuando el daño ya está hecho

La escuela como primera defensa

En charlas con estudiantes, madres, padres y docentes, se repite una conclusión: los chicos quieren hablar de estos temas. Quieren entender cómo funciona su cerebro, qué hace la inteligencia artificial, cuáles son los límites legales y cómo protegerse

Aun así, son pocas las escuelas que incluyen de forma sistemática contenidos sobre ética digital, inteligencia artificial, salud mental, emociones y responsabilidad penal

Seguimos enseñando para problemas del siglo pasado mientras los conflictos de hoy se resuelven en pantalla

Prevenir antes que perseguir

No se pueden prohibir todas las tecnologías. Tampoco judicializar cada conflicto adolescente. Lo que sí puede hacerse es educar antes de que el daño ocurra

La inteligencia artificial llegó para quedarse. La Ley 27.801 también. Lo que todavía puede construirse es una política pública de prevención que integre ciudadanía digital, ética, salud mental, desarrollo cerebral y consecuencias legales

Un adolescente informado no solo reduce el riesgo de convertirse en autor de un delito. También aprende a cuidar la dignidad ajena y la propia

La mejor política criminal no empieza en un juzgado. Empieza en el aula