Hay conceptos que, cuando empiezan a ocupar un lugar central en el discurso de un gobierno, exigen una mirada cuidadosa. La verdad es uno de ellos: invocarla desde el poder puede abrir un debate necesario, pero también encender señales de alarma
Para la filosofía griega, la verdad era entendida como aletheia, es decir, como la acción de quitar aquello que oculta. No se trataba de una propiedad definitiva ni de un objeto bajo dominio de una persona o una autoridad, sino de una búsqueda permanente
Desde esa perspectiva, la verdad se construye mediante la discusión y el intercambio de ideas. El papel del Estado debería consistir en garantizar las condiciones de libertad para que ese proceso sea posible. La concepción totalitaria, en cambio, parte de una certeza única establecida por quienes gobiernan
Un proyecto con alcances que exceden Malvinas
La preocupación reapareció a partir de un proyecto de ley enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo. Aunque presentado bajo el marco de la soberanía sobre las islas Malvinas, el texto incorpora disposiciones que van mucho más allá de sus dimensiones territoriales y simbólicas
Entre sus distintos capítulos, la iniciativa contempla castigos de prisión para conductas definidas como “campaña de desinformación” o “manipulación de la opinión pública”. También propone un consejo integrado por el presidente de la Nación y algunos ministros, con facultades para aplicar sanciones severas cuando exista una interferencia engañosa en las decisiones del Gobierno y algún tipo de influencia extranjera
El uso de las redes y las nuevas tecnologías plantea, sin dudas, problemas concretos. Esas herramientas pueden favorecer la comunicación, pero también ser utilizadas para intervenir en procesos políticos de otros países. El desafío consiste en responder a esos riesgos sin adoptar mecanismos que recuerden experiencias históricas de control y persecución
El riesgo de una verdad administrada
La cuestión adquiere una dimensión todavía más delicada cuando se observa la contradicción entre el proyecto y algunas declaraciones presidenciales. El jefe del Estado ha cuestionado las cifras del Indec y sostuvo que el organismo estatal encargado de producirlas carece de credibilidad
Así, mientras se deslegitima la información oficial destinada a describir la realidad del país, se impulsa al mismo tiempo una iniciativa que permitiría determinar qué expresiones deben ser consideradas engañosas o manipuladoras. Esa combinación configura una forma inquietante de posverdad: se desacredita la verdad estatal y, a la vez, se intenta regular desde el poder la verdad pública
El camino no debería ser imponer una versión oficial ni crear una estructura destinada a vigilarla. La verdad requiere debate, libertad y posibilidad de revisión. Sobre esas bases también se construyen las condiciones para comer, curarse y educarse
La tradición filosófica que nació en Grecia sigue recordando algo elemental y complejo: nadie puede arrogarse la propiedad absoluta de la verdad. La tarea de una sociedad libre no es cubrirla con nuevas capas de autoridad, sino contribuir a descubrirla