La Asociación de Abogadas y Abogados de Buenos Aires (AABA) expresó su preocupación por las reiteradas agresiones de Javier Milei contra periodistas y advirtió que podrían afectar la libertad de expresión en la Argentina
La entidad, presidida por Juan Pablo Zanetta, señaló que el hostigamiento puede generar temor entre los comunicadores y llevarlos a moderar sus preguntas, investigaciones u opiniones para evitar convertirse en nuevos blancos
El pronunciamiento mencionó especialmente la situación de María Eugenia Duffard, Jésica Bossi y Fernán Saguier, y sostuvo que la autocensura puede instalarse sin una orden directa cuando informar implica quedar expuesto a ataques personales
El límite entre la crítica y la agresión
La AABA reconoció que la prensa y sus investigaciones pueden ser cuestionadas dentro del debate público. Sin embargo, diferenció esa discusión de los insultos, las injurias y la exposición personal de quienes ejercen el periodismo
Según la institución, las descalificaciones adquieren una gravedad especial cuando provienen del Presidente de la Nación, debido a la diferencia de poder entre quien ocupa ese cargo y los periodistas señalados. Por ese motivo, reclamó mayor prudencia a la máxima autoridad del Estado
Para respaldar su postura, la asociación recordó criterios establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En ese marco, destacó que la protección constitucional alcanza al debate intenso, pero no ampara expresiones denigrantes, injuriantes o alejadas del interés público
La defensa del periodismo de investigación
El documento también reivindicó el papel del periodismo de investigación como una herramienta central para controlar el ejercicio del poder y fortalecer las instituciones
La entidad sostuvo que la transparencia y la rendición de cuentas se debilitan cuando no existe una investigación independiente. En ese sentido, afirmó que una democracia necesita una prensa libre, incluso cuando sus informes incomodan al gobierno
Finalmente, la AABA rechazó que la descalificación personal reemplace la discusión de ideas y remarcó que ninguna autoridad está exceptuada del deber de respetar las libertades fundamentales del Estado de Derecho