La Cámara Federal de Casación Penal analiza si corresponde revisar el archivo de la investigación vinculada con el acuerdo de financiamiento que la Argentina suscribió con el Fondo Monetario Internacional en 2018

El expediente involucra al expresidente Mauricio Macri, al ministro de Economía Luis “Toto” Caputo y a Federico Sturzenegger, quien por entonces se desempeñaba en la Secretaría de Finanzas

La decisión quedó en manos de la Sala IV

Los jueces Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos deberán determinar si habilitan la intervención de Casación. La causa permanece archivada desde la primera instancia, aunque los fiscales presentaron recursos para continuar con las pesquisas

El fiscal ante Casación, Raúl Pleé, pidió cinco días para definir si sostiene la queja contra el archivo o si desiste de ella. Si mantiene el planteo, el tribunal podría avanzar con la revisión. En cambio, un desistimiento dejaría firme el cierre del caso

El origen de la investigación

El acuerdo stand by firmado en 2018 contempló inicialmente un financiamiento de 50.000 millones de dólares, que luego fue ampliado hasta alcanzar los 57.100 millones de dólares

La investigación buscó establecer si la negociación, contratación y utilización de esos fondos podían configurar delitos contra la administración pública. También examinó si el endeudamiento externo pudo haber contribuido a la formación de activos fuera del país o generado beneficios indebidos para funcionarios o terceros

Otro de los objetivos fue determinar si durante las distintas etapas del acuerdo se incumplieron las normas aplicables a este tipo de operaciones

Los antecedentes del archivo

La jueza María Eugenia Capuchetti dispuso el archivo después de cinco años de investigación. La decisión fue confirmada por la Sala I de la Cámara Federal, integrada en ese momento por Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens

El fiscal Franco Picardi apeló inicialmente la resolución. Luego, el fiscal de Cámara José Agüero Iturbe presentó un recurso de Casación, que fue declarado inadmisible. Por ese motivo, acudió en queja ante la Cámara Federal de Casación Penal

La fiscalía cuestiona distintos pasos administrativos relacionados con la concesión del crédito. Para Capuchetti, esas irregularidades no alcanzaban para configurar un delito culposo. La postura coincidió con el dictamen de la mayoría de la Auditoría General de la Nación

Los camaristas Bertuzzi y Llorens, en tanto, consideraron que no se había acreditado la existencia de un delito doloso y que la investigación estaba agotada. Según su criterio, las posibles falencias administrativas no implican necesariamente una conducta delictiva

Ahora, Pleé debe definir si esos elementos pueden demostrar una actuación intencional y arbitraria de los funcionarios o si, por el contrario, no existe delito y el archivo debe mantenerse