La implementación del sistema acusatorio en Comodoro Py está prevista para el 15 de febrero, cuando finalice la feria judicial de enero. Sin embargo, en los tribunales de Retiro crece la expectativa de una nueva postergación, que sería la cuarta desde el inicio del proceso
El modelo modifica la dinámica de la justicia penal: los fiscales pasan a dirigir las investigaciones y los jueces de primera instancia quedan a cargo de garantizar el cumplimiento del proceso
El sistema comenzó a aplicarse en 2019, en Salta y Jujuy, y luego se extendió a otros distritos. Actualmente está vigente en 11 jurisdicciones. En Comodoro Py, donde se tramitan causas de corrupción y expedientes vinculados con criminalidad organizada, la adaptación presenta dificultades específicas

Faltan fiscales y personal
Los fiscales sostienen que la reforma requiere más recursos y empleados. Algunas medidas ya fueron adoptadas: en octubre, el Ministerio de Justicia entregó un edificio en el predio de la ex-ESMA para dependencias del Ministerio Público Fiscal
También se reclamó acelerar los concursos para cubrir cuatro fiscalías vacantes en Comodoro Py. La transferencia de personal, en cambio, continúa pendiente. Mientras algunos juzgados cuentan con más de 50 empleados, hay fiscalías que funcionan con poco más de 10

La falta de recursos es señalada como uno de los principales obstáculos para la puesta en marcha. El calendario de implementación ya fue reprogramado en agosto y noviembre de 2025, y nuevamente en abril de este año
Una reforma respaldada, pero con dudas operativas
El Código Procesal Penal fue aprobado en 2014 y reformado cuatro años después. Entre sus cambios establece audiencias orales para trámites que actualmente se realizan por escrito, con el objetivo de agilizar las causas
La reforma cuenta con respaldo general en el ámbito judicial y no se registran oposiciones abiertas al cambio en Comodoro Py. Las objeciones se concentran en las condiciones concretas de implementación
A mediados de octubre, los jueces de los tribunales orales enviaron una carta a la Cámara Federal de Casación Penal. Allí reconocieron la necesidad de modernizar el sistema, pero advirtieron que podrían recibir nuevas tareas sin contar con tiempo ni medios suficientes
También señalaron que la complejidad de las causas de corrupción y criminalidad organizada impide trasladar automáticamente a los tribunales de Retiro las experiencias de otras jurisdicciones