Horas después de que Cristina Kirchner anunciara que su condena por la causa Vialidad fue presentada ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, sus abogados Alberto Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego ofrecieron una conferencia en un hotel de Buenos Aires para explicar la estrategia internacional
Beraldi recordó que la Corte Suprema dejó firme la sentencia al rechazar la apelación y sostuvo que, agotada la discusión en el plano local, el caso quedó habilitado para ser planteado en el ámbito internacional. También afirmó que se violaron garantías y que la ex presidenta fue condenada pese a ser, según dijo, una persona inocente
Una condena firme y un reclamo internacional
Kirchner fue sentenciada en junio de 2025 a seis años de prisión y a la inhabilitación perpetua por administración fraudulenta en perjuicio del Estado. La pena se cumple bajo prisión domiciliaria en su departamento del barrio de Constitución, en el marco del expediente que investigó una maniobra de corrupción vinculada con la obra pública vial en Santa Cruz durante sus gobiernos y el de Néstor Kirchner
Borrego, uno de los últimos abogados incorporados a la defensa, aseguró que en el proceso detectó múltiples arbitrariedades y violaciones al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. También alineó su planteo con la idea de que la condena responde a un sesgo de género y afirmó que el objetivo del caso fue excluir a una mujer de una contienda electoral
La defensa habla de derechos, no de política
Valim remarcó que la presentación ante Naciones Unidas no busca agredir al Poder Judicial argentino, sino ejercer un derecho previsto por el orden constitucional. Aseguró además que su tarea es jurídica y no militante
El abogado brasileño, que integró la defensa de Luiz Inácio Lula da Silva en Lava Jato, comparó ambos expedientes y señaló que existen similitudes, sobre todo por el órgano internacional al que se recurrió. Explicó que en esta causa la vía quedó abierta después de que se agotaran los recursos internos
Las medidas que buscan
Los defensores pidieron una revisión integral del caso y reclamaron tres medidas cautelares: suspender la inhabilitación perpetua, modificar las condiciones de la prisión domiciliaria y restablecer la integración legal de la Corte Suprema
En el primer punto, buscan frenar la restricción de sus derechos políticos mientras se define la condena. En el segundo, pretenden quitar la tobillera electrónica, eliminar el límite a las visitas, habilitar salidas al aire libre y equiparar su situación con la de otros detenidos en la misma condición
En el tercero, plantean normalizar la composición del máximo tribunal para garantizar el Estado de Derecho y un recurso judicial efectivo
La presentación internacional sigue en curso