El Decreto de Necesidad y Urgencia 681/2026, firmado por Javier Milei para modificar la Ley de Migraciones, abrió una nueva polémica política y jurídica. La norma busca impedir el ingreso al país y habilitar la expulsión de extranjeros que difundan mensajes de odio o inciten a la violencia contra la Argentina
La decisión llegó como respuesta oficial a la supuesta campaña anti-Argentina que el Gobierno vincula con lo ocurrido después del Mundial. Pero, en paralelo, desató objeciones por la forma elegida para avanzar y por la amplitud de los criterios usados en el texto
Objeciones constitucionales
Daniel Sabsay, Andrés Gil Domínguez y Diego Armesto coincidieron en que el decreto avanza sobre facultades del Congreso sin una justificación suficiente. También cuestionaron que no estén claros los parámetros para definir qué se entiende por odio ni cómo se aplicaría una eventual expulsión
Sabsay sostuvo que se trata de un uso abusivo del DNU y que el debate debió pasar por el Parlamento. Gil Domínguez, por su parte, habló de un avance sobre el Congreso sin causal constitucional que lo respalde. Armesto sumó que el mecanismo elegido no respeta el proceso legislativo y que el contexto no muestra una urgencia que lo haga indispensable
En sentido distinto, Vicente Sola consideró que la medida no es inconstitucional. Aun así, dijo que habría preferido un decreto simple, porque permitiría un control judicial más claro. Según su mirada, el Presidente tiene margen para definir políticas migratorias y para establecer qué extranjeros pueden ingresar al territorio
Rechazo opositor y contradicciones políticas
La reacción opositora fue amplia y reunió críticas del peronismo, la UCR, la Coalición Cívica y el Partido Socialista. Florencia Carignano calificó de irónica la medida en un gobierno que, según dijo, convirtió los mensajes de odio en política de Estado. Carlos Castagnetto apuntó contra Milei y su gabinete, a los que acusó de odiar al pueblo argentino
Desde Unión por la Patria, Guillermo Michel afirmó que el Gobierno está desconectado de la realidad, mientras que Agustín Rossi sostuvo que el DNU replica la lógica antiinmigración de Donald Trump. Diego Giuliano y Miguel Ángel Pichetto, en cambio, coincidieron con el fondo de la medida, aunque cuestionaron la sobreactuación y la tensión que genera con los insultos del propio Presidente
En el radicalismo también hubo rechazo. Leonel Chiarella dijo que no hay necesidad ni urgencia para justificar el decreto y pidió al Congreso que lo frene. Otros referentes del espacio advirtieron que la Comisión Bicameral que debe revisar este tipo de normas podría no convocarse
Tierras, Malvinas y el frente interno
La discusión se mezcló además con otra paradoja política: varios dirigentes marcaron la contradicción entre este endurecimiento migratorio y el impulso oficial a cambios sobre la ley que limita la venta de tierras a extranjeros. Pablo Juliano habló de patriotismo de cartón y Karina Banfi planteó que los mensajes de odio no se pueden tipificar por DNU
Desde la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro calificó el decreto como desprolijo e inconstitucional, mientras que Mónica Frade lo vinculó con una cesión cotidiana de soberanía. Esteban Paulón, del Partido Socialista, anunció que presentará un proyecto para rechazar la norma y advirtió que la considera impracticable
El trasfondo político también quedó atravesado por la reciente tensión internacional protagonizada por Milei, sus dichos contra Lula da Silva y Pedro Sánchez, y el debate por la bandera de Malvinas. Para la oposición, el Gobierno intenta mostrarse hipernacionalista mientras empuja decisiones que van en sentido contrario
Algunos legisladores ya evalúan llevar el caso a la Justicia