El vocero presidencial, Adrián Ravier, ratificó que el Gobierno no intervendrá para asistir a quienes tienen deudas con bancos y fintech. Afirmó que una medida de ese tipo implicaría destinar dinero de los contribuyentes a cubrir problemas del sistema financiero

La respuesta oficial

Ravier planteó que la salida para los deudores debe surgir de negociaciones entre privados, dentro de un marco de estabilización que, según dijo, permita seguir bajando la inflación y las tasas de interés. También sostuvo que el programa económico oficial ofrece condiciones de orden monetario, desregulación y equilibrio fiscal que pueden servir de contexto para esa negociación

El funcionario remarcó que la mora no puede resolverse con fondos públicos porque eso trasladaría el costo a una parte de la población para beneficiar a las entidades financieras

Morosidad en alza

La discusión ocurre en medio de un fuerte deterioro del crédito. En diciembre de 2024, la mora total representaba el 3,6% del crédito relevado; un año después había subido al 12,6% y en junio llegó al 17,5%. En 18 meses, el indicador se multiplicó por 4,9

Además, el pago de deudas con entidades financieras ya equivale al 24% de la masa salarial, y al sumar gastos fijos una familia promedio compromete casi la mitad de sus ingresos

Ravier también defendió los dichos de Javier Milei, quien había vinculado parte del aumento de la morosidad con compras de televisores para el Mundial 2026. Según el portavoz, se trató de un ejemplo y no de la única explicación posible

En su exposición, el funcionario comparó la situación actual con la etapa de Alberto Fernández y afirmó que antes el crédito bancario iba al Estado y no al sector privado. También señaló que la caída de la inflación favoreció la reaparición del crédito, pero que ese proceso vino acompañado por un aumento de la mora

Por último, vinculó parte del encarecimiento del financiamiento con el impacto de proyectos aprobados en el Congreso que, según dijo, no tenían financiamiento claro y elevaron las tasas, lo que dificultó el pago de las familias