La posibilidad de enfrentar una ola de demandas judiciales llevó al Gobierno a revisar sus planes sobre discapacidad. En el oficialismo advierten que una reducción de derechos y prestaciones podría transformar el ahorro fiscal esperado en un costo para el Estado durante años

La preocupación alcanza tanto al proyecto presentado en abril en el Senado como a las derogaciones incorporadas al presupuesto 2027. Mientras el primer texto quedó sin tratamiento, los funcionarios sostienen que las disposiciones del presupuesto todavía pueden modificarse

Los límites constitucionales del sistema

La principal restricción está en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene jerarquía constitucional en la Argentina desde 2014. También forman parte del marco vigente las leyes 22.431, sobre protección integral, y 24.901, que regula las prestaciones básicas de habilitación y rehabilitación

Ese conjunto normativo obliga al Estado a garantizar los derechos reconocidos y vuelve especialmente delicada cualquier reducción de prestaciones existentes. Por eso, los cambios originales podrían ser cuestionados por los beneficiarios y abrir una discusión sobre su constitucionalidad y aplicación

Un antecedente judicial adverso

El Gobierno ya enfrentó un revés en los tribunales. Luego de que el Congreso insistiera con la ley de emergencia en discapacidad, el presidente Javier Milei la promulgó, pero suspendió su ejecución hasta que el Poder Legislativo definiera el origen de los fondos

El juez federal de Campana Adrián González Charvay invalidó esa suspensión y ordenó implementar la norma. El expediente comenzó con un amparo colectivo presentado por familias de personas con discapacidad y derivó en intimaciones sucesivas al Poder Ejecutivo

En enero, el magistrado estableció el 4 de febrero como fecha límite para la plena aplicación de la ley. Un día antes del vencimiento, el Gobierno la reglamentó mediante el decreto 84/2026

En otra resolución, González Charvay sostuvo que una política pública no puede contradecir las obligaciones constitucionales y convencionales asumidas por la Argentina si produce un resultado regresivo incompatible con el principio de progresividad de los derechos fundamentales

También afirmó que la obligación de destinar el máximo de los recursos disponibles no puede quedar subordinada a acuerdos políticos que impliquen un retroceso de derechos

La búsqueda de una ley permanente

Ese antecedente es utilizado por el oficialismo para intentar convencer a sus aliados de reemplazar el régimen de emergencia por una ley permanente. Los libertarios argumentan que una norma extraordinaria y limitada en el tiempo no debería ser el instrumento destinado a garantizar derechos

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y la diputada Laura Rodríguez Machado negocian con los bloques aliados un texto que mantenga el piso de protección y revise algunos criterios del sistema

La propuesta busca ubicarse entre las derogaciones planteadas inicialmente y la continuidad de la emergencia. Como parte de ese esquema, el oficialismo analiza endurecer los requisitos para acceder a las pensiones. Menem aseguró que se trabajará para alcanzar una solución lo más justa posible

En medio de la tensión interna, Alejandro Vilches renunció a la Secretaría de Discapacidad, dependiente del Ministerio de Salud. La discusión combina las restricciones fiscales y políticas con un factor judicial que el Gobierno ya considera determinante