La Comisión Interamericana de Derechos Humanos notificó al canciller Pablo Quirno que avanza con la denuncia impulsada hace más de 15 años por la comunidad mapuche Lof Paichil Antriao contra el Estado argentino

En una nota diplomática fechada el 13 de agosto, el organismo trasladó las observaciones de la parte peticionaria sobre el fondo del caso y fijó un plazo de cuatro meses para que el Gobierno presente su respuesta. Ese límite vence el 13 de diciembre y puede extenderse, como máximo, hasta el 13 de febrero de 2027

Si no hay contestación, la CIDH podrá resolver igualmente con las constancias ya incorporadas al expediente

Un reclamo territorial todavía abierto

La comunidad ocupa distintos predios públicos y privados en Villa La Angostura, cerca del lago Correntoso y del cerro Belvedere. Sus integrantes sostienen que un lote pastoril de 625 hectáreas, entregado en 1902, fue quedado reducida por el avance urbano hasta conservar hoy solo una parte menor de esa superficie

El reclamo central apunta a la demora en el relevamiento territorial previsto por la Ley 26.160, un paso que debería derivar en la entrega de un título de propiedad comunitaria. Según la comunidad, los estudios técnicos ya están completos, pero la definición administrativa sigue sin destrabarse en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas

Litigios paralelos y un revés reciente

El conflicto incluye al menos diez disputas por tierras en la zona, tanto con el municipio como con particulares. El caso más conocido es el del camping del Lago Correntoso, ocupado desde 2011

El 7 de agosto, la Corte Suprema rechazó un recurso extraordinario presentado por la comunidad mediante el artículo 280 del Código Procesal, una herramienta que permite desestimar un planteo sin exponer fundamentos extensos. El abogado Virgilio Sánchez cuestionó esa decisión y señaló entonces que la disputa seguiría en el plano internacional

Qué puede pasar ahora

La CIDH había reactivado el expediente en abril y advirtió que podía archivarlo si no recibía respuesta. Luego, en mayo, resolvió tratar de manera conjunta la admisibilidad y el fondo, una vía poco habitual que, según los representantes de la comunidad, podría anticipar un pronunciamiento adverso para el Estado argentino

Si el organismo concluye que hubo violaciones a derechos humanos, emitirá un informe con recomendaciones. Antes de eso, suele abrirse una instancia de solución amistosa entre las partes, algo que ya se intentó sin éxito en el pasado