La Corte Suprema de Justicia resolverá antes de fin de año los recursos vinculados con la causa Oil Combustibles, la empresa petrolera que pertenecía a Cristóbal López y Fabián de Sousa

El expediente investiga la presunta retención de impuestos a los combustibles que, según la acusación, fueron utilizados para financiar la expansión del Grupo Indalo

Dos recursos ante la Corte

López y De Sousa llegaron a esta instancia absueltos. En cambio, el ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray fue condenado por haber otorgado a la compañía planes de pago que perjudicaron al Estado

La defensa de Echegaray presentó una queja ante la Corte después de que la Cámara Federal de Casación Penal rechazara su recurso extraordinario. Busca revisar tanto la condena como la pena impuesta

El segundo planteo fue presentado por el fiscal ante Casación, Mario Villar, contra la absolución de los empresarios. La Corte analizará ambos asuntos de manera conjunta

Una posibilidad es que el tribunal rechace el recurso de Echegaray y confirme su condena, mientras devuelve el expediente a Casación para que dicte una nueva decisión sobre López y De Sousa

El planteo de prescripción

En paralelo, la Cámara Federal de Casación Penal debe resolver si la causa prescribió. El pedido fue presentado por la defensa de De Sousa y también alcanza la situación de López

El planteo todavía no fue tratado porque las defensas recusaron a varios jueces. Alejandro Slokar y Mariano Borinsky rechazaron la recusación de Gustavo Hornos, presentada por el abogado Alberto Beraldi

Una vez definida la integración del tribunal, los camaristas deberán determinar si la acción penal continúa vigente. Esa decisión podría influir en el análisis que la Corte haga del expediente

Una causa iniciada en 2016

La investigación comenzó en 2016 a partir de una denuncia de la AFIP. La acusación sostuvo que Oil Combustibles cobraba a sus clientes el impuesto a los combustibles líquidos, pero no lo transfería al fisco

La deuda acumulada fue estimada en unos $8000 millones. Para la fiscalía, esos fondos contribuyeron a financiar el crecimiento del holding, que llegó a reunir alrededor de 170 empresas

López y De Sousa fueron detenidos con prisión preventiva en noviembre de 2017 y permanecieron casi dos años presos. El juicio oral comenzó el 13 de junio de 2019 y se extendió durante dos años y medio

La condena y las absoluciones

El 16 de diciembre de 2021, el Tribunal Oral Federal N° 3 condenó por unanimidad a Echegaray a cuatro años y ocho meses de prisión, además de inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por administración fraudulenta contra la administración pública

Por mayoría, los jueces Fernando Machado Pelloni y Javier Ríos absolvieron a López y De Sousa. Consideraron que no se había probado una connivencia con el funcionario ni una intención de defraudar. Andrés Basso votó en disidencia y propuso condenar a los tres acusados

El 23 de octubre de 2023, la Sala I de Casación confirmó las absoluciones, aunque reconoció que la petrolera había recibido una autorización ilegítima que perjudicó al Estado. También mantuvo la responsabilidad penal de Echegaray y ordenó recalcular su pena

La intervención de la Corte

El 28 de mayo de 2024, la Corte anuló por unanimidad esa sentencia. Consideró que Casación había respondido de manera aparente a los argumentos del fiscal y que había evaluado la prueba de forma fragmentaria

El máximo tribunal ordenó que otros jueces dictaran un nuevo fallo. El 19 de febrero de 2025, una nueva integración de la Sala I volvió a absolver a López y De Sousa, aunque uno de los jueces sostuvo que el caso podía estar prescripto

El fiscal Villar recurrió nuevamente ante la Corte. Planteó que no existía una mayoría clara porque los votos se apoyaban en fundamentos diferentes: uno en la duda y otro en la prescripción

En cuanto a Echegaray, Casación rechazó sus recursos y el 12 de mayo de este año declaró inadmisible su recurso extraordinario. La defensa acudió entonces en queja ante la Corte

En junio, ARCA exoneró a Echegaray, lo que permitió avanzar con la inhabilitación. Si la Corte rechaza su queja, la condena de prisión quedará firme y deberá cumplirse de manera efectiva