La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable a la Argentina por violar la independencia judicial al destituir, en 2003, a Eduardo Moliné O’Connor como integrante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
El tribunal sostuvo que la remoción estuvo vinculada con el contenido de sus sentencias y que varias decisiones adoptadas durante el juicio político carecieron de fundamentos suficientes. También señaló que los tribunales argentinos que revisaron los recursos no respondieron adecuadamente a los planteos del juez
Una destitución aprobada por el Senado
Moliné O’Connor fue el primero de los cinco integrantes de la llamada “mayoría automática” de la Corte del menemismo en enfrentar un juicio político durante el gobierno de Néstor Kirchner. Sólo él y Antonio Boggiano fueron destituidos; Julio Nazareno, Adolfo Vázquez y Guillermo López renunciaron antes
El 31 de julio de 2003, la Comisión de Juicio Político aprobó la acusación por 16 votos contra 1. El proceso se basó en el caso Meller, cuyo fallo había sido cuestionado por comprometer al Estado en el pago de casi 400 millones de pesos por deudas de la exEntel vinculadas con la confección de guías telefónicas
El 20 de agosto quedó constituido el tribunal de senadores y Moliné O’Connor fue suspendido. El 3 de diciembre, el Senado resolvió su destitución por 45 votos contra 19, cuando se requerían 43. La decisión fue la primera remoción de un juez de la Corte por parte del Senado en 50 años
La definición quedó en manos de los senadores peronistas Antonio Cafiero, Oscar Lamberto, Marcelo López Arias, Carlos Verna y Liliana Negre de Alonso. La causal invocada fue el “mal desempeño”, relacionada con el criterio jurídico expresado por Moliné O’Connor en su voto del caso Meller
La pensión y la demora judicial
La Corte Interamericana también consideró que quitarle la pensión vitalicia como consecuencia de una destitución arbitraria vulneró sus derechos. El tribunal cuestionó además que el reclamo judicial iniciado para recuperar ese beneficio permaneciera sin resolución justificada durante más de una década
En su decisión, concluyó que el Estado afectó las garantías judiciales, la protección judicial, los derechos políticos y los derechos a la propiedad, al trabajo y a la seguridad social. También consideró afectado el proyecto de vida del exjuez
El tribunal ordenó regularizar el régimen de la pensión, publicar la sentencia y pagar indemnizaciones por daños materiales e inmateriales, además de costas y gastos. Moliné O’Connor falleció el 20 de agosto de 2014, a los 76 años, mientras el proceso internacional estaba en trámite
Un criterio para futuros juicios políticos
La sentencia dispuso que las autoridades argentinas interpreten el artículo 53 de la Constitución, que regula el juicio político, de acuerdo con la Convención Americana y la jurisprudencia de la Corte Interamericana
El fallo establece un antecedente para futuros intentos del Congreso de remover a jueces de la Corte por el contenido de sus decisiones. También podría ser invocado en favor de Antonio Boggiano, quien fue destituido por la misma causa Meller y quedó inhabilitado por tiempo indeterminado para ocupar cargos públicos
La decisión fue firmada por Rodrigo Mudrovitsch, presidente del tribunal, Patricia Pérez Goldberg, Ricardo Pérez Manrique, Nancy Hernández López, Alberto Borea Odría y Diego Moreno Rodríguez. Pérez Goldberg, Pérez Manrique y Borea Odría formularon disidencias parciales. La jueza argentina Verónica Gómez no participó del caso