La Corte Suprema de Estados Unidos aceptó revisar el caso Rhoney v. Barbosa da Cunha, identificado con el expediente 26-104. La disputa podría determinar si ciertos inmigrantes deben permanecer detenidos de manera obligatoria o si tienen derecho a una audiencia para solicitar la libertad bajo fianza

Los magistrados incluyeron el expediente en su lista de órdenes del 1° de octubre y ordenaron que el tribunal federal de apelaciones remita el caso para su análisis

Las dos normas que están en disputa

El gobierno federal sostiene que la sección 8 U.S.C. § 1225(b)(2)(A) obliga a detener, sin posibilidad de fianza, a las personas que nunca fueron admitidas formalmente en Estados Unidos

La defensa de los inmigrantes, en cambio, argumenta que debe aplicarse la sección 8 U.S.C. § 1226(a). Esa disposición permite que un juez de inmigración evalúe cada caso y determine si corresponde otorgar una audiencia de fianza

La controversia se centra en personas detenidas dentro del territorio estadounidense, no en quienes atraviesan un proceso de admisión en la frontera. La resolución podría fijar un criterio único para todo el país y también tendrá implicancias sobre el debido proceso

La política implementada por la administración de Donald Trump desde julio de 2025 impide solicitar una audiencia de fianza a quienes quedan alcanzados por la interpretación de detención obligatoria

El caso de Ricardo Barbosa da Cunha

El expediente involucra a Ricardo Aparecido Barbosa da Cunha, un ciudadano brasileño que ingresó a Estados Unidos sin pasar por una inspección migratoria en 2004 o 2005

Desde entonces, permaneció más de dos décadas en el país. Vive con su esposa y sus dos hijos, ambos ciudadanos estadounidenses, es propietario de una vivienda y dirige una empresa de construcción

En 2016 solicitó asilo, un trámite que todavía está pendiente, y obtuvo autorización para trabajar. Sus abogados sostienen que nunca fue acusado ni condenado por un delito

En septiembre de 2025, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) lo arrestaron durante una parada de tránsito en Norwood, Massachusetts. Un juez de inmigración dispuso que continuara detenido bajo la nueva interpretación oficial, por lo que su defensa pidió una audiencia de fianza

Un conflicto entre tribunales federales

El 28 de octubre de 2025, un juez de inmigración ordenó liberar a Barbosa da Cunha bajo fianza al considerar que no representaba un riesgo de fuga ni una amenaza para la comunidad

El gobierno apeló la decisión. Sin embargo, el 28 de abril de 2026, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito confirmó por unanimidad el fallo favorable al inmigrante

Ese tribunal concluyó que la norma de detención obligatoria no podía extenderse de esa forma a personas que ya viven dentro del país y advirtió sobre posibles conflictos constitucionales relacionados con el debido proceso

La interpretación de la ley está dividida entre los circuitos federales. Los circuitos Primero, Segundo, Sexto, Séptimo, Noveno, Décimo y Undécimo, junto con más de 500 jueces de distrito, rechazaron la postura del gobierno. Los circuitos Quinto y Octavo, por el contrario, avalaron la detención obligatoria

Qué pide cada parte

La administración Trump busca que la Corte Suprema confirme que la sección 1225 permite mantener detenidas, sin audiencias de fianza, a las personas no admitidas formalmente, incluso si llevan muchos años viviendo en Estados Unidos

El gobierno afirma que las decisiones contradictorias generan reglas diferentes según el lugar donde se tramite cada caso y dificultan la aplicación uniforme de la legislación migratoria

La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), que representa a los demandantes, defiende la aplicación de la sección 1226(a). Su postura es que los inmigrantes detenidos dentro del territorio deben poder demostrar, mediante una evaluación individual, que pueden continuar sus procesos en libertad

La aceptación del caso no significa que la Corte Suprema haya respaldado ninguna de las dos interpretaciones. Los magistrados deberán definir qué norma regula estas detenciones y si el gobierno puede negar audiencias de fianza a personas que llevan años establecidas en el país