La Corte Suprema rechazó el martes la demanda presentada por veteranos de Malvinas que buscaban preservar la vigencia de la Ley de Tierras. El tribunal aclaró que no evaluó si la derogación era constitucional: resolvió que los demandantes no tenían legitimación procesal para llevar el planteo ante la Justicia
Como consecuencia, continúa vigente la eliminación del límite a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. El caso expone las dificultades institucionales que aparecen cuando los controles previstos para limitar el poder presidencial no funcionan con eficacia
La decisión formal de la Corte coincide con su jurisprudencia sobre la necesidad de demostrar una afectación concreta. Sin embargo, también abre interrogantes sobre el alcance de esa doctrina en un contexto de uso reiterado de decretos de necesidad y urgencia
La derogación fue decidida por decreto
La Corte no eliminó la Ley de Tierras. La derogación fue dispuesta por Javier Milei mediante un decreto de necesidad y urgencia de carácter amplio, que modificó numerosas normas aprobadas por distintos Congresos
La Cámara de Diputados no trató el decreto y, por esa vía, permitió que siguiera vigente. El Senado, en cambio, lo rechazó. Pero la Ley 26.122 establece que ambas cámaras deben pronunciarse en contra para que un DNU pierda validez
La regla fue cuestionada por distintos sectores cuando ocupaban el lugar de la oposición, aunque su modificación perdió impulso cuando esos mismos espacios llegaron al gobierno
El control sobre los decretos presidenciales
El máximo tribunal no estableció un límite a una práctica que se volvió habitual. Su actuación frente a los DNU muestra una tensión entre precedentes en los que invalidó decretos y decisiones más recientes en las que el control no produjo el mismo resultado
Durante la actual administración se dictó el DNU 70 y luego se emitieron decretos con frecuencia cercana a uno por semana. Según el análisis del caso, por esa vía se tomaron decisiones sobre deuda, ingreso de tropas y ciudadanía argentina. El DNU 366/25, además, fue declarado nulo por la Cámara Nacional Electoral y permanece pendiente de resolución ante la Corte
Cuando la política no respeta las reglas
Desde el tribunal se ha defendido la idea de que los conflictos políticos deben ser resueltos por la propia política. El principio parece razonable, pero pierde fuerza cuando uno de los actores utiliza su posición para incumplir las reglas del sistema
La función de la Corte debería incluir la protección de esas reglas. Solo después de garantizar que el procedimiento institucional se respeta tendría sentido aceptar con deferencia sus resultados
En este expediente aparece una paradoja: el Senado había rechazado el DNU 70 y también se había negado a atenuar la derogación de la Ley de Tierras. Sin embargo, al no intervenir sobre el fondo, la Corte dejó vigente una medida que ese cuerpo legislativo había objetado
Una legitimación que puede inclinar la discusión
El tribunal sostuvo que los excombatientes no tenían una relación suficientemente directa con el conflicto. La decisión mantuvo una línea histórica sobre legitimación procesal, aunque existen antecedentes en los que se aceptaron demandas de asociaciones para cuestionar políticas públicas
La exigencia de una afectación concreta busca evitar que cualquier disputa política sea trasladada a los tribunales. Pero su aplicación puede generar efectos diferentes según se trate de regular o desregular una actividad
Cuando el Estado impone una regulación, las personas afectadas suelen estar identificadas y pueden reclamar. Cuando la regulación desaparece, los costos se distribuyen entre un conjunto amplio de la sociedad y resulta más difícil encontrar a alguien con legitimación suficiente para demandar
La Ley de Tierras ilustra esa asimetría: quien no pudiera venderle un campo a un extranjero podría cuestionar la restricción, mientras que la eliminación general de esa protección queda sin un afectado directo que pueda impugnarla
Un razonamiento similar aparece en materia tributaria. Una persona alcanzada por un impuesto puede recurrir, pero es más difícil que quienes soportan indirectamente una menor recaudación cuestionen una exención o una ampliación de beneficios dispuesta por decreto
El poder de la Corte también exige controles
La Corte Suprema tiene un amplio margen para decidir qué causas trata y en qué momento lo hace. No cuenta con plazos generales ni con una agenda pública que explique la selección temporal de sus expedientes
Ese poder no elimina la responsabilidad por las consecuencias de sus decisiones. El tribunal resolvió este caso pocas semanas después de que el Senado rechazara la derogación de la Ley de Tierras y antes de pronunciarse sobre el fondo del DNU 70
Una eventual limitación de esa discrecionalidad podría fortalecer la legitimidad de la Corte. Reduciría las sospechas sobre las razones y los tiempos de sus fallos, y concentraría el debate en el contenido de las decisiones