Faltaban horas para el allanamiento del 1 de diciembre en Sur Finanzas cuando comenzaron a circular mensajes sobre cámaras, computadoras y dinero. A las 2:57, Daniela Sánchez, secretaria personal de Ariel Vallejo, escribió que debían borrar todas las cámaras. A las 2:07, una asesora de la empresa pidió desconectar los programas de las computadoras de los cajeros
El juez Tomás Rodríguez Ponte incorporó esos chats al procesamiento y la prisión preventiva de Vallejo. Según su reconstrucción, las órdenes formaban parte de un supuesto protocolo que también habría incluido el retiro de efectivo de las sucursales, el ocultamiento de vehículos y el traslado de equipos informáticos
Los movimientos previos al operativo
La secuencia judicial se remonta al 28 de noviembre, tres días después de una denuncia de ARCA contra Vallejo por presunto lavado de activos. En un intercambio, una empleada aseguró que la empresa estaba operando “solo blanco” y que el resto del dinero había sido guardado como precaución
Sur Finanzas ofrecía compra y venta de dólares, préstamos y una billetera virtual. La hipótesis judicial también alcanza a Centro de Inversiones Concordia, una casa de cambio bajo control de Vallejo que habría vendido dólares a terceros no habilitados o en el mercado paralelo
En las cuentas de esa empresa se habrían acreditado al menos $4.040.114.708 durante 2022, mientras que las ventas declaradas para ese año fueron de $2.440.801.851. En declaraciones judiciales, Vallejo dijo que las casas de cambio bajo su control operaron US$108,1 millones durante el período del cepo y que obtuvo una ganancia de entre dos y veinticinco pesos por dólar
Chats sobre dinero, sistemas y vehículos
En otro mensaje enviado a la 1:33 del 1 de diciembre, Sánchez pidió que levantaran temprano las ganancias. Más tarde, indicó que un hombre debía borrar todas las cámaras. En conversaciones atribuidas a dos sucursales, también se mencionó el retiro de dinero y la permanencia de pequeños montos, descriptos en la causa como “puchitos”
Susana Hoffman, asesora en normativa del BCRA, explicó que el pedido de desconectar programas se refería a aplicaciones no permitidas, entre ellas redes sociales, servicios de mensajería y aplicaciones personales de bancos o billeteras. El juez cuestionó que esa tarea debiera realizarse a las 2:07 del día de los procedimientos
El 2 de diciembre, Juan Ramón Cervín, señalado como uno de los encargados de trasladar y depositar efectivo, escribió que iban a esconder tres camionetas. Cervín sostuvo que no tenía acceso a la causa ni motivos para interpretar que estacionar los vehículos en un lugar determinado pudiera constituir una obstrucción
La secuencia continuó el 3 de diciembre. Nahiara Gamarra pidió que se conectaran a su computadora y la limpiaran; ante la pregunta sobre si podía borrar todo, respondió afirmativamente. En su descargo, negó tener vínculos con operaciones financieras y rechazó las acusaciones
La hipótesis sobre el circuito financiero
La investigación ubica a Sur Finanzas PSP, la billetera virtual adquirida por el grupo, en el centro de la denuncia por presunto lavado de activos. Allí aparece la referencia a un supuesto “ejército de soldaditos”: personas sin capacidad económica que habrían incorporado fondos con apariencia lícita, aunque de origen ilícito
Para el juez, la presunta venta de dólares en el mercado paralelo podría constituir el delito precedente del lavado. La defensa de Vallejo sostiene que la evasión no puede funcionar como antecedente de ese delito y niega que el financista haya organizado el circuito descripto en la causa
Después de dictar los procesamientos, Rodríguez Ponte otorgó a Vallejo la prisión domiciliaria. La investigación continuará sobre los fondos movilizados a través de Sur Finanzas y sobre la contabilidad vinculada con clubes a los que la empresa habría patrocinado o prestado dinero