Las reformas laborales impulsadas durante la gestión de Javier Milei todavía no se tradujeron en una expansión del empleo registrado. Los datos oficiales muestran una reducción de los puestos privados formales y un aumento sostenido de la informalidad

Desde la implementación de la ley Bases, en julio de 2024, se destruyeron 106.927 empleos registrados del sector privado, según las cifras del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA)

En ese mismo período, la proporción de asalariados pasó del 36,4% al 37,9%. El incremento equivale a unos 100.000 trabajadores no registrados, que no cuentan con aportes previsionales ni con la totalidad de los derechos laborales

La informalidad también creció entre el segundo trimestre de 2024 y el mismo período de 2026: pasó del 41,4% al 45%. En los aglomerados urbanos relevados por la Encuesta Permanente de Hogares, el aumento representa aproximadamente 574.000 ocupados informales. La mayoría son trabajadores por cuenta propia

Menos empresas y más procedimientos de crisis

La ley de modernización laboral, sancionada en marzo de 2026, tampoco revirtió la tendencia. Desde su entrada en vigencia se perdieron 36.531 puestos privados registrados, mientras que la informalidad sobre el total de ocupados subió del 44,2% al 45%

Desde el comienzo de la actual administración cerraron 31.342 empresas, principalmente pequeñas y medianas. Además, hasta julio se activaron 163 Procedimientos Preventivos de Crisis (PPC), apenas uno menos que durante todo 2025

Estos mecanismos permiten acordar suspensiones y reducir costos laborales, incluso mediante rebajas salariales o indemnizaciones inferiores. En la Justicia avanzan dos investigaciones por presuntas adulteraciones de firmas en expedientes vinculados con PPC

Las denuncias fueron impulsadas por los sindicatos de Comercio y Seguridad Privada y apuntan a una posible participación conjunta de funcionarios, empresarios y dirigentes gremiales

El deterioro se registra en un escenario de salarios contenidos, inflación creciente y riesgo de recesión. La desocupación pasó del 5,7% en diciembre de 2023 al 7,9% en el segundo trimestre de 2026, de acuerdo con el Indec

Milei relativizó el aumento y sostuvo que la cifra actual no difiere sustancialmente de la registrada al comienzo de su gestión. También comparó el dato con un promedio histórico de desocupación del 9,8%, que incluye la hiperinflación de fines de los años ochenta y la crisis de 2001-2002, cuando el desempleo superó el 20%

La pérdida de empleos alcanzó incluso a la minería y los hidrocarburos, dos sectores centrales del programa económico oficial, que resignaron 7.613 puestos de trabajo

El fondo para indemnizaciones abre una nueva disputa

La situación podría sumar presión a partir de noviembre, cuando comience a funcionar el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), creado por la nueva legislación para financiar indemnizaciones por despido

Las grandes empresas deberán aportar mensualmente el 1% de su masa salarial, mientras que para las pymes la contribución será del 2,5%. Los fondos quedarán bajo la administración de un banco o una sociedad de bolsa elegida por cada empleador y solo podrán destinarse al pago de indemnizaciones

El acceso estará habilitado después de los primeros seis meses de aportes. Las estimaciones oficiales prevén una recaudación anual de entre US$3000 millones y US$5000 millones. Las primeras desvinculaciones financiadas mediante este mecanismo podrían coincidir con la campaña electoral

La administración estará a cargo de entidades autorizadas por la Comisión Nacional de Valores, bajo la supervisión de los ministros Luis Caputo y Sandra Pettovello

La oposición sostiene que el fondo reducirá los recursos destinados a la seguridad social. Según el proyecto de Presupuesto Nacional 2027, el SIPA perdería el 7% de sus recursos, equivalente a una disminución de $4.363.550.000.000 o US$2833 millones al tipo de cambio vigente

Doce diputados del Partido Justicialista presentaron un proyecto para derogar el FAL. En la iniciativa cuestionaron que los aportes previsionales se utilicen para cubrir despidos del sector privado y advirtieron que el esquema favorecería al sistema financiero en perjuicio de trabajadores y jubilados

También existe preocupación entre los gobernadores de las provincias que conservan sus propias cajas jubilatorias y dependen de las transferencias de la Anses

La reforma y el nuevo mapa laboral

Patricia Bullrich, una de las principales defensoras de la reforma en el Senado, sostuvo ante empresarios que el régimen laboral argentino responde a una realidad que ya no existe. Según sus cifras, hay seis millones de trabajadores formales, cuatro millones de monotributistas y un nivel de informalidad de entre el 40% y el 45%

La normativa también establece un tratamiento específico para los trabajadores de plataformas, un universo que ya supera el millón de personas. De acuerdo con la interpretación oficial, no existe una relación laboral entre esas personas y las empresas del sector

El empleo registrado acumula 15 años de estancamiento y enfrenta además el impacto potencial de la inteligencia artificial. El Gobierno promueve una Argentina con pocas restricciones para el desarrollo de esa tecnología y habilitó un proyecto para crear empresas no humanas

La crisis repercute en los sindicatos, que cuentan con una base cada vez menor de afiliados y enfrentan dificultades para construir una estrategia común frente a los cambios tecnológicos y al conflicto con el Gobierno

En ese contexto, la trayectoria de Luis Barrionuevo quedó expuesta en un documental autobiográfico de casi 90 minutos, presentado recientemente en un cine de Palermo. El dirigente gastronómico, de 84 años, repasó parte de su recorrido político y sindical mientras mantiene un enfrentamiento judicial con la administración que había respaldado electoralmente

El episodio funciona como una imagen del momento sindical: poder debilitado, pérdida de influencia y dificultades para responder al deterioro del mercado laboral