El oficialismo buscará este miércoles darle media sanción en la Cámara de Diputados al proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional, conocido como ley Malvinas. Cuenta con los votos para aprobarlo en general, pero aún negocia el régimen de sanciones por injerencia extranjera
La Secretaría Legal y Técnica incorporó cambios después de una reunión con representantes de bloques aliados. La iniciativa, impulsada por el asesor presidencial Santiago Caputo, encabeza el temario de una sesión convocada para las 12
Un proyecto que amplió su alcance
El texto fue concebido inicialmente para sancionar a empresas que exploten recursos naturales en las islas Malvinas sin autorización argentina. En sus distintas versiones, sumó disposiciones sobre la defensa territorial, las infraestructuras críticas y los procesos electorales e institucionales
El principal conflicto se concentra en el título VII, que modifica la ley de partidos políticos y el Código Penal para sancionar campañas de injerencia extranjera y actos de violencia contra el Estado. Los bloques aliados cuestionan que algunas definiciones continúen siendo demasiado amplias y puedan afectar derechos constitucionales
Como el apartado introduce cambios electorales, necesita una mayoría absoluta de 129 votos afirmativos. Ese número todavía no está garantizado. Si no se alcanza un acuerdo, el título podría ser excluido durante la votación en particular
Cambios en el Consejo y en la definición de aeroespacio
Una de las modificaciones cambia el nombre del Consejo de Seguridad Nacional, que pasará a llamarse Consejo de Asuntos Estratégicos. El Ministerio de Seguridad, a cargo de Alejandra Monteoliva, dejará de integrarlo de forma permanente y será convocado cuando resulte necesario
La cartera había sido incorporada en una versión anterior a pedido de los aliados. El último borrador retoma la intención original del Gobierno y limita su participación a las situaciones en las que se requiera la intervención de las fuerzas de seguridad
El proyecto también amplía la definición de aeroespacio para incluir expresamente el espacio aéreo y el ultraterrestre
El artículo 129 concentra las objeciones
Los ajustes más sensibles están en el artículo 129, dentro del título VII. El Gobierno eliminó la palabra “sabotaje” y la referencia a acciones destinadas a afectar la libre formación de la voluntad política de la población
La nueva redacción establece que, para configurar el delito, el autor debe conocer la naturaleza de la campaña y actuar con esa finalidad específica. También excluye a quienes compartan o adhieran a contenidos u opiniones, incluso en redes sociales, si no reciben financiamiento ni instrucciones de agentes extranjeros
Las precisiones no conformaron a todos los aliados. En las negociaciones se advirtió que la definición todavía podría alcanzar actividades legítimas de sindicatos, organizaciones sociales o cámaras empresariales. También se cuestionó que las restricciones al financiamiento extranjero incluyan la organización y dirección de campañas electorales, porque podrían afectar la contratación de consultores extranjeros
El desacuerdo con Unión por la Patria
Unión por la Patria presentó un dictamen de minoría, aunque comparte el objetivo de sancionar a las empresas que exploten sin autorización recursos naturales en Malvinas y en la plataforma continental
En ese capítulo, el oficialismo limitó las prohibiciones para proveedores y accionistas de las empresas infractoras. La nueva versión exige que los bienes o servicios suministrados sean indispensables para la actividad ilegal y que el proveedor conozca, o no pueda desconocer razonablemente, su destino
El peronismo cuestiona, sin embargo, el régimen de Desistimiento y Regularización. Ese mecanismo permite que las empresas abandonen las actividades objetadas y eviten determinadas sanciones. Desde el bloque consideran que podría facilitar el incumplimiento de las multas previstas por la ley
También objetan el artículo 111, que somete ciertas inversiones de Estados extranjeros o de empresas controladas por ellos a la revisión del Consejo de Asuntos Estratégicos. La norma alcanza sectores como defensa, telecomunicaciones, energía, hidrocarburos y minería, además de infraestructuras críticas de interés nacional
Unión por la Patria advierte que esa disposición podría interferir en decisiones provinciales. El texto excluye, de todos modos, las relaciones comerciales ordinarias que no impliquen control, influencia determinante o acceso a información tecnológica sensible
Una votación con negociaciones abiertas
El oficialismo llegará al recinto con la aprobación general encaminada, pero con conversaciones pendientes sobre uno de los apartados más controvertidos del proyecto
La sesión también incluye la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio, una enmienda al Protocolo de Montevideo sobre el Comercio de Servicios, la transferencia de competencias judiciales penales y de menores a la ciudad de Buenos Aires y cambios en el marco regulatorio de las pymes