El gobierno británico confirmó ante la Cámara de los Comunes que todas las nuevas licencias petroleras en las Islas Malvinas deberán contar con la autorización del secretario de Estado de Asuntos Exteriores
La decisión busca reforzar la confianza de las empresas, que hasta ahora dependían de contratos firmados por el gobierno isleño con respaldo del Reino Unido
El proyecto Sea Lion mantiene sus permisos
La medida no precisó si Londres intervino de manera específica en la autorización del proyecto Sea Lion. La iniciativa opera con licencias ya existentes, recientemente prorrogadas por cinco años, con opción de extenderlas por otros dos
La primera producción del proyecto está prevista para 2028. El subsecretario parlamentario del Foreign Office, Lord Wood of Anfield, evitó confirmar o negar una intervención británica directa, pero ratificó que en adelante todos los permisos petroleros deberán ser aprobados por esa dependencia
Impacto empresarial y tensión con la Argentina
El anuncio se produjo en un contexto de renovada tensión diplomática con la Argentina por la explotación de recursos en aguas cercanas al archipiélago
En septiembre, las acciones de las dos compañías vinculadas al proyecto registraron fuertes retrocesos. Rockhopper perdió el 17,9% de su valor en la Bolsa de Londres, mientras que Navitas cayó un 11,5% en la Bolsa de Tel Aviv. Además, la estadounidense Halliburton Company decidió no prestar servicios para Sea Lion
El 15 de septiembre, el Foreign Office ya había advertido que el secretario de Estado debía consentir las nuevas licencias de hidrocarburos otorgadas bajo la legislación local. La confirmación parlamentaria posterior estableció de forma más enfática que no podrán concederse permisos de explotación sin esa autorización
El debate por las regalías y la defensa
En paralelo, el Partido Conservador planteó que las regalías derivadas de una eventual explotación petrolera sean compartidas con el Reino Unido
La propuesta apunta a destinar esos recursos al financiamiento de la defensa de las islas, cuyos gastos son cubiertos actualmente por el presupuesto británico y ascienden a unos 75 millones de libras esterlinas anuales
Los conservadores sostienen que el reparto de las regalías permitiría liberar fondos para el presupuesto de defensa del Reino Unido y reducir la carga sobre los contribuyentes británicos