La compra que reactivó las sospechas

María Soledad Calle, empresaria, ex concejal y dirigente vinculada a La Cámpora, volvió a quedar en el centro de la escena judicial después de que trascendiera la compra del departamento ubicado debajo de Cristina Kirchner, por un valor declarado cercano a los USD 189.000

En paralelo a ese dato, la investigación incorporó otros elementos patrimoniales: una camioneta y dos propiedades más a su nombre en Campana, una sobre la calle Belgrano y otra en un country de esa ciudad

El contrato bajo revisión

Calle está siendo investigada junto con el sindicalista Abel Furlán en una causa por presunta administración fraudulenta de fondos de la Unión Obrera Metalúrgica. El eje del expediente es un acuerdo firmado con USEM, una firma integrada por dirigentes ligados a La Cámpora, que habría asumido el manejo de una porción mayoritaria de los aportes sindicales

Según la denuncia, desde febrero de 2023 la empresa quedó habilitada para administrar el 80% de la recaudación, abrir cuentas a nombre del gremio, ejecutar pagos y manejar la caja sindical. El convenio, además, fija honorarios equivalentes al 0,5% de lo recaudado por cuota sindical, tiene una vigencia de diez años y solo prevé rescisión por parte de la empresa

La denuncia y el apodo interno

La presentación judicial fue impulsada por Ángel Derosso, rival de Furlán en las elecciones de la UOM Zárate-Campana que luego fueron anuladas, junto con otros dirigentes de la Agrupación Metalúrgica 25 de Febrero Azucena Villaflor. En el escrito también se señala que Calle es accionista de USEM junto con Adalberto Raúl Braconi y que mantenía una relación cercana con Furlán

En una ampliación de la denuncia se menciona que en ámbitos vinculados a la empresa la habrían llamado “la primera dama”, un apodo que, para los denunciantes, sería relevante para dimensionar su rol real dentro de la sociedad y su vínculo con el dirigente metalúrgico

La acusación sostiene que esa cercanía habría erosionado los controles externos sobre la administración de los fondos y desdibujado la independencia contractual que debía regir entre el gremio y la firma

Allanamiento y caída de respaldo interno

A partir de esa denuncia, el juez federal Julián Ercolini, a pedido del fiscal Eduardo Taiano, ordenó en marzo un allanamiento en la sede nacional de la UOM. La medida apuntó a Furlán y a Calle por el contrato entre el gremio y USEM

Con el correr de la causa, Calle también quedó cuestionada puertas adentro del sindicato por ocupar cargos relevantes en representación internacional, al tiempo que figuraba como empleada de la propia UOM y una de las socias de la empresa contratada para administrar sus fondos

Viajes, bienes y pedido de nuevos informes

La investigación sumó otro frente: los movimientos migratorios de Calle. Los relevamientos incorporados al expediente registran 114 viajes internacionales entre 2010 y 2026, con destinos frecuentes en Uruguay, Brasil, España, Estados Unidos, Francia y México

Entre 2023 y 2026 se concentró la mayor parte de los traslados. Solo en 2024 se anotaron 25 viajes y en 2025 hubo 24. Para 2026, hasta el 27 de junio, figuraban nueve salidas del país

Con esos datos, los denunciantes pidieron que Migraciones informe todos los ingresos y egresos del país de los principales involucrados para cruzarlos con transferencias, pagos y firmas vinculadas al contrato con USEM. También reclamaron una pesquisa patrimonial amplia sobre inmuebles, vehículos, participaciones societarias, pólizas, tarjetas e inversiones

En el sitio de Industriall, Calle sigue figurando como titular para América Latina y el Caribe

El cierre del ciclo en la UOM

En medio de esta situación, el interventor de la UOM, Alberto Biglieri, apartó a Calle pocos días después de asumir y el 15 de este mes suspendió el contrato con USEM como una medida preventiva y de resguardo patrimonial