El Gobierno alista un nuevo aumento salarial para los militares y el personal de las Fuerzas Armadas. La actualización comenzará a regir en septiembre y se ubicaría entre 7% y 10%

El porcentaje final y el resto de los detalles serán informados de manera oficial cuando se publique la comunicación correspondiente

Más aumentos y un bono excepcional en agosto

La medida llega después de una serie de mejoras salariales y pagos extraordinarios aplicados en los últimos meses para este sector

A comienzos de agosto, la administración nacional otorgó una suma fija de $50.000 para todo el personal en actividad de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas policiales y de seguridad federales

Ese beneficio fue excepcional, no se repetirá y tiene carácter remunerativo y no bonificable. Se abonará una sola vez junto con el salario de agosto

La decisión quedó formalizada a través de los decretos 695/2026 y 696/2026, firmados por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Diego Santilli, y las autoridades de Defensa y Seguridad, Carlos Alberto Presti y Alejandra Monteoliva

Según el texto oficial, la medida buscó actualizar los ingresos del personal y sostener su poder adquisitivo frente a las exigencias de las funciones que cumplen

Un suplemento por formación académica

Además, el Gobierno puso en marcha un suplemento salarial para el personal militar que acredite títulos superiores

La medida rige desde el 1 de julio y alcanza tanto a los integrantes en actividad como a retirados y pensionados

Fue establecida por el Decreto de Necesidad y Urgencia 473/2026 y reconoce la formación académica dentro de la estructura militar

El adicional se divide en tres tramos: 10% para tecnicaturas o títulos terciarios, 15% para títulos universitarios de grado y 25% para especializaciones, maestrías o doctorados

El acceso al beneficio depende de la presentación de los títulos correspondientes y no de la condición de oficial o suboficial

Voceros oficiales sostuvieron que el esquema responde a un reclamo histórico planteado desde 2013 para equiparar el tratamiento con el de otros organismos de la administración pública y con las fuerzas federales de seguridad, donde ya existen mecanismos similares