Javier Milei encontró en el nacionalismo un nuevo recurso político para intentar recomponer imagen y volver a ordenar la agenda. Hasta ahora ausente en su narrativa, ese registro empezó a ganar peso después del clima que dejó el último Mundial y de la reacción en redes frente a la llamada “campaña antiargentina”
Una señal pensada para abrir el día
En ese contexto, el Gobierno difundió a primera hora de este jueves un decreto reglamentario de la ley de migraciones que habilita el rechazo o la expulsión de extranjeros que hayan difundido mensajes de odio o incitado a la violencia contra el pueblo argentino o contra ciudadanos argentinos por su nacionalidad. La publicación fue diseñada para dominar la conversación pública desde temprano
La decisión generó una rápida adhesión entre cuentas oficialistas y defensores habituales del Gobierno. Pero también activó objeciones de constitucionalistas, organizaciones civiles y dirigentes opositores, que advirtieron sobre la amplitud de la medida y la falta de precisión sobre qué conductas quedarían alcanzadas
La apuesta por la polarización
La lectura que predomina en la Casa Rosada es que el oficialismo necesitaba un movimiento capaz de desplazar temas negativos y recuperar centralidad. En esa lógica, el entorno de Santiago Caputo interpreta que el mensaje conectó con un segmento sensible del universo digital, aunque consultoras especializadas relativizan ese alcance y sostienen que el impacto quedó concentrado en una burbuja cercana al oficialismo
El antecedente inmediato fue el uso político de las tensiones alrededor del Mundial, incluida la bandera sobre Malvinas exhibida por jugadores argentinos y la polémica posterior en torno a las restricciones para ingresar al estadio con elementos considerados provocativos. También quedó en el camino la acusación presidencial sobre una supuesta campaña financiada parcialmente desde Brasil, que profundizó el conflicto diplomático con ese país
Antes del decreto, ya habían aparecido ensayos de tono similar, como el proyecto del diputado bonaerense Agustín Romo para cobrar a extranjeros que estudien o se atiendan en hospitales públicos. Ahora, el nuevo giro discursivo busca consolidar una identidad nacionalista funcional a la estrategia oficial
Un frente legal abierto
El problema es que la viabilidad jurídica de la medida quedó rápidamente en discusión. Entre los reparos más repetidos aparecen la vaguedad de la noción de “discurso de odio”, la posible colisión con el derecho a ingresar, permanecer y salir del país, y la decisión de avanzar por decreto sobre una materia que, según los críticos, debería pasar por el Congreso
Para varios juristas, el texto también choca con principios básicos de legalidad y con la protección de la libertad de expresión. En esa lectura, el Gobierno podría enfrentar una seguidilla de presentaciones judiciales y eventuales fallos adversos
Con todo, la apuesta oficial parece menos jurídica que política: inundar la agenda con anuncios de alto impacto, sostener la iniciativa y reconstruir apoyo en días en que la economía ya no alcanza para ordenar sola la conversación pública