El proyecto de Presupuesto 2027 expuso las prioridades con las que Javier Milei pretende atravesar el próximo año electoral, pero también abrió nuevos focos de conflicto. La disputa por recursos limitados quedó atravesada por la desaceleración económica y por la decisión oficial de reforzar su agenda vinculada con la soberanía sobre las islas Malvinas

La evolución negativa del PBI durante el segundo trimestre de 2026 profundizó las restricciones fiscales. En ese escenario, el Gobierno debe atender simultáneamente sus objetivos económicos, políticos y de seguridad, una combinación que generó cuestionamientos dentro y fuera del oficialismo

Reclamos por discapacidad, universidades y AUH

Uno de los principales conflictos surgió por los límites previstos para actualizar los fondos destinados a personas con discapacidad. El tema arrastra una disputa abierta desde hace más de un año y volvió a generar críticas de los sectores afectados y de dirigentes opositores

También fueron observadas las partidas destinadas a las universidades públicas nacionales, que quedaron por debajo de las demandas planteadas por esas instituciones durante los últimos dos años

A esos reclamos se sumó la denuncia de un recorte real en la Asignación Universal por Hijo. La política había sido una de las más valoradas de la gestión, debido a que sus partidas habían aumentado por encima de la inflación y contribuido a aliviar la situación de los hogares más vulnerables

La controversia tomó una dimensión mayor cuando Patricia Bullrich, titular del bloque oficialista en el Senado, cuestionó públicamente las modificaciones relacionadas con discapacidad. Según planteó, esos cambios se habrían incorporado sin aviso ni debate en la mesa política, pese a que el tema había sido tratado poco antes

La posición de Bullrich también complicó el vínculo con los bloques aliados y dialoguistas. El oficialismo necesita esos apoyos para avanzar con iniciativas como la reforma política electoral, cuyo tratamiento se encuentra trabado, y para sostener otras medidas, entre ellas la ley de Inocencia Fiscal II, que fue sancionada

Además, sus declaraciones volvieron a poner en discusión la confianza que los aliados depositan en el Gobierno. Entre los legisladores opositores y dialoguistas crece el reproche por compromisos que, según consideran, fueron incumplidos o modificados

La Casa Rosada recibió con malestar la intervención de la senadora. Cerca del Presidente admitieron que la reacción interna fue negativa, mientras que desde el Palacio de Hacienda rechazaron su versión y sostuvieron que el asunto sí había sido conversado en la mesa política

Una iniciativa sobre Malvinas bajo observación

En paralelo, el Gobierno presentó un proyecto de ley orientado a la defensa de la soberanía nacional y de los recursos naturales en el área de las islas Malvinas. El objetivo general de proteger esos intereses no genera objeciones, ya que la reivindicación forma parte de una causa ampliamente extendida en la sociedad

Sin embargo, varios sectores civiles y políticos alertaron sobre disposiciones concretas de la iniciativa. El eje de las críticas está puesto en reformas que abarcan la legislación de defensa y el Código Penal, y que podrían ampliar de manera significativa las facultades del Poder Ejecutivo

Uno de los puntos más discutidos es la modificación del artículo 225 bis del Código Penal. El texto prevé penas de entre cinco y doce años para quienes, por cuenta, orden o financiamiento de un Estado, organización o agente extranjero, alteren procesos electorales o manipulen a la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva

Especialistas en derecho penal y legisladores de la oposición advirtieron que la formulación podría ser utilizada para perseguir a periodistas y organizaciones civiles bajo acusaciones vinculadas con la influencia extranjera

El exjuez Ricardo Gil Lavedra sostuvo que la propuesta no cumpliría con el principio constitucional de legalidad debido a la imprecisión de las conductas sancionadas. Hugo Wortman Jofré coincidió en que se trataría de un tipo penal demasiado amplio y sin una delimitación clara

Pablo Secchi reconoció la necesidad de atender el problema de las campañas de desinformación, pero advirtió que los mecanismos creados para controlarlas no deberían transformarse en instrumentos de censura contra periodistas o entidades de la sociedad civil

Roberto Gargarella fue más severo y afirmó que el Gobierno podría estar aprovechando la popularidad de la causa Malvinas para impulsar medidas de censura y persecución contra sus críticos. También señaló similitudes con normas aplicadas en los últimos años por gobiernos de Rusia, Venezuela y Turquía

Más atribuciones para el Consejo Nacional de Seguridad

Las objeciones no se limitan al nuevo artículo penal. El proyecto también crea un Consejo Nacional de Seguridad con incidencia sobre asuntos económicos, cambiarios, militares, diplomáticos, de inteligencia y de ciberseguridad

El organismo, que estaría encabezado por el Presidente, podría exigir información y asistencia a dependencias del Estado nacional, además de solicitar cooperación a provincias y municipios. La iniciativa también contempla medidas de emergencia como restricciones financieras, bloqueo de activos, suspensión de contratos y cambios temporales en los derechos de importación o exportación, siempre bajo control judicial

La creación de ese consejo y la adopción de una doctrina de seguridad nacional son iniciativas que Santiago Caputo impulsa desde hace tiempo. El asesor, que no ocupa un cargo formal, defendió el proyecto y cuestionó en redes sociales a quienes expresaron reparos

Un frente político cada vez más cargado

La discusión legislativa se desarrolló mientras Milei volvía a lanzar críticas generalizadas contra periodistas, sin explicar qué hecho había provocado su reacción ni referirse directamente a los cuestionamientos sobre el presupuesto y la ley de soberanía

En pocas horas se acumularon varios problemas para el oficialismo: los datos negativos de la actividad económica, las objeciones de Bullrich, las advertencias sobre el proyecto de seguridad y las filtraciones relacionadas con gastos y situaciones ocurridas en la residencia presidencial de Olivos

Ese último episodio derivó en el despido de la mayoría del personal y en cambios en el equipo encargado de la seguridad del Presidente, en medio de versiones que añadieron incertidumbre al escenario

La suma de conflictos económicos, parlamentarios e institucionales dejó al Gobierno ante una agenda de alta sensibilidad, con menos margen para negociar y con nuevas dudas sobre el alcance de sus próximas decisiones