La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, reiteró este jueves que el archipiélago no participará en los procedimientos de triaje de menores migrantes no acompañados al considerar que esa función compete al Estado

Delgado respondió así tras la petición de la Delegación del Gobierno para que la comunidad autónoma designe representantes en los procesos de identificación y determinación de edad que se realizan en los Centros de Atención Temporal de Migrantes (CATE)

Canarias reclama una definición clara de competencias

La consejera sostuvo que el Pacto Europeo de Migración y Asilo atribuye al Estado las actuaciones vinculadas a la entrada al país y al control fronterizo. Según dijo, Canarias no asumirá tareas que entiende reservadas a la Administración central

También aseguró que la comunidad autónoma velará después por que se respeten los derechos de los menores, aunque sin intervenir directamente en esos procedimientos

Delgado indicó que la Dirección General de Infancia mantuvo recientemente una reunión con la Delegación del Gobierno y con brigadas policiales de extranjería para tratar esta cuestión. Añadió que el Ejecutivo canario reclama que todos los menores que lleguen al archipiélago hayan pasado por un triaje o que este se realice si no se hizo antes

La consejera recordó además que el próximo día 26 participará en una reunión bilateral convocada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para analizar la aplicación del pacto migratorio europeo, después de que no pudiera celebrarse la XIV conferencia sectorial prevista por falta de quórum

En ese encuentro, dijo, ha pedido la presencia del Ministerio de Juventud e Infancia para aclarar quién debe asumir la representación legal de los menores durante esos procedimientos

Delgado afirmó igualmente que el Gobierno de Canarias ha remitido tres cartas al Ministerio de Inclusión para pedir información sobre las reformas legales necesarias para aplicar la norma europea. A su juicio, España aún no ha adaptado su normativa interna para concretar el reparto de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas

“Nosotros podríamos asumir competencias, sí, pero las competencias se asumen o se delegan con un documento normativo y con una ficha financiera”, afirmó