El Gobierno y el PSOE endurecieron sus cuestionamientos al Tribunal Supremo después de que suspendiera las inscripciones en el censo electoral de extranjeros nacionalizados mediante la llamada ley de nietos. El ministro Óscar López calificó la decisión de “atropello democrático” y “salvajada”, y sostuvo que algunos sectores judiciales buscan “tumbar al Gobierno, sea como sea”

La portavoz socialista, Montse Mínguez, también reclamó que la justicia “debiera aparentar al menos ser independiente”. Además, recordó declaraciones atribuidas al magistrado ponente del auto y advirtió que una eventual anulación definitiva del derecho al voto podría generar españoles “de primera” y “de segunda”

La Junta Electoral Central acata la medida cautelar

La Junta Electoral Central decidió por siete votos a seis no impugnar el auto del Supremo y cumplirlo en sus estrictos términos. Para ello, solicitó a la Oficina del Censo Electoral que suspenda las inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes de las personas nacionalizadas mediante la ley de nietos

La suspensión también alcanzará a quienes ya estén inscritos y tengan reconocido el derecho a votar. Quedarán exceptuados quienes hayan acreditado ser descendientes de exiliados por motivos políticos, ideológicos o de orientación sexual, conforme a la Ley de Memoria Democrática

La Junta pidió a la Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares que solicite a los consulados información detallada sobre los casos en los que esa condición haya sido documentada. La medida se aplicará al margen de una instrucción posterior que presume la condición de exiliados para los españoles que abandonaron el país entre 1936 y 1955

El organismo también acordó analizar un informe sobre los municipios donde se registran los nuevos nacionalizados y una propuesta de instrucción con los criterios que deberán aplicar las oficinas consulares encargadas de tramitar las inscripciones

Vox pide una investigación y el PP la descarta

Vox solicitó crear una comisión de investigación en el Senado sobre la aplicación de la ley de nietos. Su portavoz, José Antonio Fúster, argumentó que el órgano permitiría determinar quién tomó las decisiones, cuántas “nacionalidades fraudulentas” se concedieron y cuál fue el “impacto electoral” del proceso

El PP, que tiene mayoría absoluta en la Cámara Alta, rechazó la iniciativa. Su portavoz, Borja Sémper, defendió esperar a la resolución definitiva del Supremo y consideró que no es necesaria una comisión para establecer que una orden ministerial no está por encima de una ley aprobada por el Congreso