La Xunta de Galicia y el Gobierno central han cerrado sus discrepancias sobre la modificación de la Ley del Deporte de Galicia relacionada con la posible intervención autonómica en procedimientos penitenciarios por delitos y actos violentos vinculados al deporte
El acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación entre la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de Galicia fue publicado este jueves en el Diario Oficial de Galicia
Intervención limitada por la legislación estatal
Después de varios meses de negociaciones, ambas administraciones acordaron una interpretación del artículo 128 bis de la norma autonómica que permite compatibilizar sus objetivos con las reglas de la legislación procesal estatal
La eventual intervención de la Xunta deberá ajustarse al artículo 109 bis.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y ser coherente con la defensa de los derechos de las víctimas
Además, será imprescindible contar con la autorización expresa de la víctima afectada. Sin este requisito, no podrá producirse la intervención autonómica
Un acuerdo que evita el recurso constitucional
El pacto aclara que la Xunta no obtiene una habilitación general o ilimitada para intervenir en cualquier procedimiento penitenciario relacionado con el deporte
Su actuación queda vinculada a la protección efectiva de las víctimas y sometida a las condiciones previstas en la legislación procesal estatal
La interpretación compartida permite evitar la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional y resuelve la discrepancia sobre el alcance del precepto autonómico