Ciudad de Guatemala.- Casa Centroamérica, integrada por personas exiliadas y migrantes de la región, presentó el informe La verdad del exilio (2014-2025), un estudio que reúne el impacto social del desarraigo forzado y reclama al Gobierno de Bernardo Arévalo de León una política pública de reparación
El documento, coordinado por el médico y psicólogo español Carlos Martín Beristain, expone cómo la criminalización y la presión judicial empujaron al destierro a decenas de operadores de justicia, periodistas y defensores de derechos humanos durante la última década
Un reclamo de retorno digno
Andrea Ixchíu, activista indígena y comunicadora que volvió temporalmente al país tras casi cinco años de exilio, pidió una respuesta estatal concreta. Señaló que el Gobierno dispone de 16 meses y que hace falta una política pública con institucionalidad, presupuesto y equipo para garantizar un regreso seguro
El informe sostiene que el 93 % de las persecuciones registradas se concentró en los últimos ocho años, en medio de una ofensiva judicial desarrollada durante la gestión de la fiscal general Consuelo Porras Argueta, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea por señalamientos de corrupción y afectación al Estado de derecho
Martín Beristain afirmó que, en ese contexto, el exilio funcionó como un mecanismo de protección frente a la arbitrariedad y no como una fuga de la justicia
Presión para cerrar casos y revisar procesos
La exfiscal general Claudia Paz y Paz, presente en la actividad, sostuvo que para asegurar retornos definitivos es necesario que la nueva fiscalía cierre los casos espurios y traslade a los jueces vinculados con la criminalización
Arévalo reconoció que el Estado mantiene una deuda histórica con quienes fueron forzados a salir del país y anunció la creación de un mecanismo interinstitucional para facilitar su retorno seguro
La nueva instancia coordinará acciones entre la Presidencia, la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (Copadeh), el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Instituto Guatemalteco de Migración y la Procuraduría General de la Nación (PGN)
Además, el mandatario dijo que buscará un acercamiento con el sector justicia para revisar el uso de los procesos penales y garantizar que las personas exiliadas tengan acceso a información sobre su situación jurídica
También anunció el fortalecimiento de los mecanismos de protección y atención para periodistas, defensores de derechos humanos, autoridades indígenas y operadores de justicia