Nueva York estableció el 25 de agosto como fecha límite para que las agencias policiales locales dejen sin efecto sus acuerdos de cooperación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, conocidos como 287(g)
La medida entró en vigor con la aplicación de la ley Local Cops, Local Crimes Act, promovida por la gobernadora Kathy Hochul. La norma impide que los gobiernos locales celebren, renueven o mantengan ese tipo de convenios
Qué cambia con la nueva ley
Los acuerdos 287(g) permiten que fuerzas policiales locales desarrollen funciones vinculadas con la aplicación de las leyes migratorias federales bajo supervisión de ICE
Con la nueva legislación, los memorandos que sigan vigentes después del 25 de agosto quedarán sin efecto. Además, los agentes locales no podrán realizar arrestos basados solo en órdenes civiles emitidas por ICE ni usar cárceles o centros de detención juvenil para alojar a personas retenidas por motivos migratorios civiles
La norma también restringe la entrega de datos personales a autoridades migratorias, el acceso de agentes federales a determinadas áreas de instalaciones públicas y el uso de fondos estatales o locales para financiar centros destinados exclusivamente a personas detenidas por cuestiones migratorias
Las agencias alcanzadas
La oficina de la fiscal general envió cartas a 12 agencias policiales con acuerdos 287(g) activos y les pidió informar antes del 14 de agosto cómo avanzarían con la terminación. Quienes no respondieran quedaron obligados a cerrar la colaboración antes del 25 de agosto
Las agencias alcanzadas son Nassau County Police Department, Nassau County Sheriff’s Office, Suffolk County Sheriff’s Office, Broome County Sheriff’s Office, Cattaraugus County Sheriff’s Office, Madison County Sheriff’s Office, Niagara County Sheriff’s Office, Otsego County Sheriff’s Office, Rensselaer County Sheriff’s Office, Steuben County Sheriff’s Office, Allegany Village Police Department y Camden Police Department
Resistencia local
La decisión abrió un conflicto entre el gobierno estatal y varias administraciones locales. Entre los condados que expresaron rechazo figuran Rensselaer, Madison y Nassau
Algunos funcionarios anticiparon que seguirán colaborando con ICE, mientras otros evalúan presentar recursos judiciales contra la ley
En Rensselaer, el ejecutivo del condado, Steve McLaughlin, cuestionó la orden y afirmó que no planea abandonar el programa. La gobernadora advirtió que las jurisdicciones que incumplan la legislación enfrentarán consecuencias, aunque no precisó cuáles