Control policial y apoyo militar
El Gobierno de Perú declaró este viernes en estado de emergencia a Lima Metropolitana y al Callao por 60 días para enfrentar la criminalidad y otras expresiones de violencia. La medida, vigente desde 2024 y prorrogada de forma sucesiva, quedó formalizada mediante decreto supremo
Durante este periodo, la Policía Nacional mantendrá el control del orden interno con apoyo de las Fuerzas Armadas. La intervención se concentrará en zonas definidas a partir de inteligencia, estadísticas, mapas del delito e indicadores operativos, por lo que los cambios en la calle serán limitados para la población
Restricciones y vigilancia reforzada
La disposición suspende o limita derechos constitucionales vinculados con la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la libertad y seguridad personales
Además, las actividades religiosas, culturales, deportivas y otras de carácter masivo y público deberán contar con autorización previa de las autoridades competentes
Operativos en calle y en cárceles
El Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana permanecerá en sesión permanente mientras dure la emergencia. También se activará un Comando de Coordinación Operativa Unificada, encabezado por la jefatura policial, y un comité de fiscalización para ejecutar operativos contra la trata de personas, el narcotráfico, el mercado ilegal de armas y los equipos móviles de procedencia dudosa
En el sistema penitenciario se aplicarán medidas especiales como el apagón eléctrico en las celdas, con solo iluminación exterior o general, y pruebas de polígrafo al personal del Instituto Nacional Penitenciario. Las Fuerzas Armadas quedarán a cargo de la vigilancia y del sostén de los despliegues en el perímetro de los establecimientos
Apoyo tecnológico
El plan también prevé el uso de imágenes satelitales para vigilar las zonas con mayor incidencia delictiva y la demolición de antenas de telecomunicación instaladas de forma ilegal