La Municipalidad Provincial del Callao ejecutó un operativo para retirar estructuras levantadas sobre áreas públicas de la avenida Venezuela, en el tramo comprendido entre el óvalo La Perla y la calle Carlos A. Saco
La intervención se realizó con maquinaria pesada y apoyo de la Policía Nacional del Perú, además de personal de serenazgo, fiscalización, seguridad ciudadana, servicios a la ciudad y Defensa Civil
Una ocupación de décadas
El alcalde provincial, César Pérez Barriga, sostuvo que estas construcciones habían ocupado parte de la vía pública durante más de 30 años y que, en algunos puntos, se extendían hasta 25 metros de ancho
Según explicó, la comuna ya había iniciado el procedimiento administrativo y coactivo correspondiente antes de ejecutar la demolición. Tras los trabajos, el municipio indicó que las veredas quedaron nuevamente habilitadas para el tránsito peatonal y que se recuperó el diseño vial original de la avenida
La municipalidad afirmó además que la recuperación alcanza un tramo de más de 600 metros y que responde a un pedido de los vecinos de la zona, quienes reclamaban la restitución del espacio público
Reclamos vecinales y presencia empresarial
En redes sociales, vecinos chalacos respaldaron la intervención y señalaron que la ocupación de estos espacios se mantenía desde hace años sin una solución concreta de gestiones anteriores. También consideraron que la recuperación podría mejorar la fluidez vehicular en la zona
De acuerdo con información difundida localmente, las áreas intervenidas estaban vinculadas a Inversiones Euclara S.A., IESA S.A. y a la sociedad conyugal conformada por Aldo Eduardo Muller Bull y Zoila Linda Jacobs Bardales
Entre los espacios intervenidos figura parte de uno de los patios de maniobras de la Asociación de Concesionarios y Transportistas Unidos (ACTU), donde se guardan buses del Corredor Rojo y del transporte regular autorizado
La respuesta de la empresa
Inversiones Euclara S.A. cuestionó la demolición y sostuvo que se vulneró su derecho de propiedad. La empresa afirma que el terreno estaba debidamente inscrito y que la municipalidad actuó fuera de competencia al aplicar un proceso sancionador en lugar de una expropiación
La compañía también alegó que se usó de forma arbitraria una norma pensada para demoliciones en casos de riesgo inminente, situación que, según su versión, no se habría configurado en este caso