El proyecto de Presupuesto 2027 enviado a la Cámara de Diputados contempla una partida de $14,8 billones para Obligaciones a cargo del Tesoro, conocida como jurisdicción 91

Aunque figura entre las principales áreas presupuestarias, no se trata de un organismo con edificio, empleados o un ministro. Es una estructura contable bajo la órbita de la Secretaría de Hacienda, conducida por Carlos Guberman

La asignación prevista representa un aumento del 163% frente a la proyección de ejecución de 2026, mientras que la inflación estimada por el Gobierno para 2027 es del 18%. Por su volumen, la jurisdicción 91 sería la tercera partida más grande del Presupuesto, detrás de los servicios sociales y la deuda pública

Una reserva bajo control de Hacienda

La jurisdicción funciona como un fondo de concentración. Allí se mantienen créditos que pueden transferirse durante el año a otras áreas del Estado cuando aparecen necesidades presupuestarias

El secretario de Hacienda conserva el control sobre esos recursos y puede autorizar su traslado hacia ministerios, secretarías, programas u organismos con partidas insuficientes

El mecanismo busca evitar que determinados fondos sean reasignados dentro de un ministerio antes de llegar a su destino. De esa manera, Hacienda mantiene protegidos créditos destinados a obligaciones que el Estado deberá cubrir de todos modos

Transferencias para empresas públicas

Cerca de la mitad de los $14,8 billones corresponde a transferencias para cubrir déficits de empresas públicas. Entre las entidades mencionadas se encuentran Ferrocarriles, ENARSA, EducAr y el Correo

Esas compañías están vinculadas con distintas áreas del Estado: Ferrocarriles con Transporte, ENARSA con Energía y EducAr con Educación. Sin embargo, los fondos pueden permanecer en Hacienda hasta que se defina su asignación y ejecución

La modalidad no comenzó con la actual administración. La jurisdicción existe desde la década de 1990 y fue utilizada como una herramienta para que Hacienda administrara directamente determinados gastos y transferencias

El programa “Otras Asistencias Financieras”

Los otros $7,6 billones de la jurisdicción 91 se asignan al programa Otras Asistencias Financieras, una partida cuya composición es considerada poco específica

Dentro de ese monto aparecen $1,5 billones en gastos de personal, pese a que la jurisdicción no cuenta con una planta propia, y cerca de $6 billones en transferencias al sector privado

La inclusión de recursos para personal responde a la posibilidad de reforzar ese rubro en organismos que enfrenten dificultades para pagar salarios. Los fondos quedan disponibles para atender necesidades que surjan durante la ejecución presupuestaria

También pueden utilizarse para complementar partidas de ministerios y programas que hayan quedado desfinanciados. Según el análisis presupuestario, esas reasignaciones pueden realizarse durante el ejercicio sin recurrir a una nueva ley, un decreto o una resolución de la Jefatura de Gabinete

Cómo cambió la partida durante 2026

El proyecto estima que Obligaciones a cargo del Tesoro ejecutará $5,6 billones durante 2026. Sin embargo, el presupuesto inicial de esa jurisdicción había sido de $12,4 billones y luego descendió a $8,4 billones

La diferencia de $4 billones refleja el traslado de créditos hacia programas de distintos ministerios que necesitaron refuerzos durante el año

Por eso, el monto registrado al comienzo del período no necesariamente coincide con los recursos que la jurisdicción conserva al cierre. Parte del dinero comienza allí y después pasa a otras áreas para financiar gastos concretos

Qué puede modificar el Congreso

Durante el debate del Presupuesto, los legisladores podrían reasignar una parte o la totalidad de los $7,6 billones de Otras Asistencias Financieras a programas específicos

Ese cambio no modificaría el resultado fiscal previsto para 2027, porque los recursos ya están incluidos dentro del gasto total proyectado. La diferencia estaría en la distribución de las partidas y en el nivel de control que conservaría Hacienda

Otra alternativa sería retirar esos fondos de la jurisdicción 91 sin incorporarlos a ningún otro programa. En ese caso, el gasto total previsto disminuiría en $7,6 billones

De acuerdo con la estimación presentada, esa decisión elevaría el superávit primario proyectado del 1,3% al 1,8% del Producto Interno Bruto y triplicaría el resultado financiero esperado para 2027