El Departamento de Justicia de Estados Unidos alcanzó un acuerdo con la ciudad de Lexington y su departamento de policía para reformar prácticas relacionadas con multas, fianzas, controles, registros, arrestos y uso de la fuerza
La medida responde a una investigación que concluyó que la policía discriminaba a personas negras, empleaba fuerza excesiva y tomaba represalias contra sus críticos. Lexington es una ciudad rural, pobre y de mayoría negra, situada a unos 100 kilómetros al norte de la capital de Mississippi
Arrestos por multas impagas
El acuerdo prohíbe encarcelar a personas por no pagar multas sin evaluar antes si tienen capacidad económica para hacerlo. Esa práctica vulnera la Decimocuarta Enmienda de la Constitución estadounidense
Un informe de 2024 indicó que el tribunal municipal había emitido órdenes de arresto contra más de 650 personas por multas impagas, una cifra equivalente aproximadamente a la mitad de la población de la ciudad
La ciudad y la policía deberán retirar las órdenes de arresto ilegales y avanzar en la eliminación de los antecedentes derivados de condenas relacionadas con multas que no se ajusten a la ley
Prohibición de cuotas y nuevos controles
Las autoridades tampoco podrán establecer cuotas o incentivos para aumentar controles, advertencias, citaciones, arrestos o ingresos vinculados con esas actuaciones
Entre 2022 y 2024, el departamento realizó un arresto por cada cuatro habitantes de Lexington. Esa tasa fue más de diez veces superior a la tasa de arrestos per cápita de Mississippi
El acuerdo exige capacitaciones aprobadas por el Departamento de Justicia sobre controles, registros, arrestos y uso de la fuerza. También establece sistemas de documentación y revisión para comprobar que esas acciones sean legales
Supervisión durante tres años
El acuerdo tendrá una duración de tres años. Podrá finalizar antes o extenderse si las partes determinan de común acuerdo que la ciudad y la policía alcanzaron el cumplimiento requerido
La investigación comenzó en 2023, después de que habitantes acusaran a agentes de utilizar controles viales para apuntar contra conductores negros, ejercer fuerza excesiva, cometer agresiones sexuales y realizar arrestos sin justificación, entre otras conductas