La Procuración General de la Nación se pronunció en una de las disputas de competencia que rodean a las causas vinculadas con los máximos dirigentes de la AFA. Eduardo Casal recomendó a la Corte Suprema que el expediente por el presunto desvío de fondos atribuido a Tourprodenter LLC quede en la Justicia penal ordinaria de la Capital Federal, bajo el Juzgado Nacional N° 11 a cargo de Paula Petazzi

Con ese criterio, descartó que la investigación pase a los tribunales federales de Campana o al fuero penal económico. Su postura no obliga al máximo tribunal, pero sí puede orientar la decisión final

Tourprodenter, bajo la mira

La sospecha se concentra en la firma Tourprodenter LLC, constituida en Estados Unidos y designada por la AFA como su agente comercial exclusivo. Según la pesquisa, la compañía tenía facultades para gestionar patrocinios, explotar marcas y organizar eventos

Siempre de acuerdo con la causa, bajo ese esquema habrían ingresado al menos 300 millones de dólares. La Justicia intenta determinar si esos fondos no fueron asentados correctamente en los libros contables de la entidad y si terminaron desviados hacia particulares y sociedades pantalla

El choque entre fueros

El primer conflicto surgió cuando el juzgado federal de Campana reclamó el expediente que tramitaba en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 11. El juez González Charvay sostuvo que el presunto desvío de dinero sería el delito precedente de maniobras de lavado que ya investiga en su jurisdicción

Ese tramo de la pesquisa está ligado a la compra de una mansión en Villa Rosa, partido de Pilar, sobre un predio de más de diez hectáreas. En ese lugar se detectaron vehículos de colección, un haras de caballos árabes y de carrera, pistas de entrenamiento y un helipuerto. La propiedad fue adquirida por Real Central SRL, una firma que no tendría capacidad económica para afrontar esos gastos

La jueza Petazzi aceptó el planteo de Campana, pero la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional revocó esa decisión. El tribunal remarcó que la administración fraudulenta es un delito común que afecta el patrimonio de una entidad privada y, por lo tanto, corresponde a la Justicia ordinaria

Casal y la competencia ordinaria

En línea con esa postura, Casal sostuvo que el lavado de activos es una figura autónoma e independiente del delito que generó las ganancias. También advirtió que la sola relación probatoria entre ambos hechos no alcanza para extender de manera general la competencia federal sobre delitos comunes

El procurador señaló además que expresiones como “comunidad de pruebas” o “mismo contexto delictivo” no pueden aplicarse en forma automática para alterar las reglas fijadas por la ley

Balances falsos y unificación de la causa

El segundo conflicto involucra al Juzgado en lo Penal Económico N° 8 y otra vez al Juzgado Nacional N° 11. Allí se analiza la denuncia presentada por Guillermo Tofoni contra integrantes de la comisión directiva de la AFA por la presunta confección de balances falsos, ante la falta de registros sobre los ingresos generados por Tourprodenter LLC

El fuero penal económico se apartó al entender que esas omisiones contables habrían sido el medio para facilitar, ocultar o consumar la administración fraudulenta investigada en el fuero ordinario. Petazzi, en cambio, sostuvo que había planteos pendientes en el ámbito federal

Casal aplicó la jurisprudencia histórica de la Corte Suprema y concluyó que, cuando una falsificación contable se usa para encubrir un perjuicio patrimonial o para ejecutar una estafa, la investigación debe concentrarse en el juzgado con competencia más amplia. En este caso, consideró que ese lugar es la Justicia ordinaria de la Capital Federal

Con ese dictamen, la Procuración buscó destrabar la puja jurisdiccional para que un solo tribunal concentre la pesquisa sobre el destino de los fondos de la AFA y las presuntas falsedades contables, mientras que las eventuales maniobras de lavado seguirán su curso en los tribunales federales

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