Alba Luz Ramos dejó formalmente la presidencia de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua el pasado 25 de agosto, según una certificación legislativa divulgada este viernes. Con ese trámite quedó cerrada, al menos en el papel, una anomalía que se extendió durante casi tres años: seguía figurando como titular del Poder Judicial pese a haber sido apartada de sus funciones desde octubre de 2023, cuando fue expulsada de su despacho por el asesor presidencial Horacio Rocha
Una salida postergada durante años
En la carta incluida en la publicación oficial, Ramos se identifica como militante del Frente Sandinista de Liberación Nacional y atribuye su decisión a razones de salud. Su retiro llega después de meses en los que el cargo permaneció vacante de manera formal, mientras ella estaba recluida en su vivienda, dentro de un residencial militar y bajo custodia policial
Fuentes cercanas habían señalado que intentó en más de una ocasión presentar su renuncia ante Daniel Ortega, sin éxito. También habría tratado de salir del país en al menos dos oportunidades, pero las restricciones migratorias se lo impidieron
En mayo circuló una carta atribuida a ella, sin firma y difundida solo por canales oficialistas, en la que reafirmaba su lealtad a Ortega y Rosario Murillo y negaba estar prófuga o bajo investigación
El cierre de un ciclo dentro del sandinismo
Nacida en León en 1949, Ramos se vinculó al sandinismo en los años setenta y, tras el triunfo de la revolución en 1979, ascendió rápidamente en la estructura de justicia: fue directora nacional de Registros, procuradora penal, viceministra de Justicia y magistrada de la Corte Suprema desde 1988. En los años siguientes se convirtió en una de las figuras más duraderas del Poder Judicial nicaragüense y, con el regreso de Ortega al poder, asumió un papel central en la conducción del tribunal
Durante su gestión, la Corte fortaleció estructuras sandinistas internas y fue señalada por su uso político en favor del régimen, especialmente a partir de 2018. En 2021, Ramos fue sancionada por el Reino Unido, Canadá y la Unión Europea por su papel en la instrumentalización del sistema judicial contra opositores
Un tribunal argentino ordenó además su captura internacional en enero de 2025 por su presunta participación en crímenes de lesa humanidad
Su relevo coincide con la reconfiguración interna del Poder Judicial impulsada por Rosario Murillo, que desde octubre de 2023 profundizó una purga en el entorno de Ramos y luego promovió nuevos nombramientos leales. Entre noviembre y diciembre de 2025, la Asamblea Nacional juramentó a un nuevo grupo de magistrados, entre ellos Ana Julia Guido Ochoa, exfiscal general sancionada por la Unión Europea, quien pasó a encabezar la Sala Constitucional y ahora queda al frente de la Corte