La defensa de Jesús Plácido Galindo, dirigente del Concejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), presentó una apelación contra el auto de vinculación a proceso dictado el 23 de julio, en el que se le impuso prisión preventiva oficiosa por homicidio calificado

En una conferencia realizada este 29 de julio en Chilpancingo, los abogados exigieron su liberación y sostuvieron que la carpeta de investigación contiene testimonios incompatibles entre sí y documentos con presuntas irregularidades en las firmas

Pruebas bajo sospecha

Jesús Galindo, de 41 años, permanece recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, en Almoloya de Juárez, Estado de México

De acuerdo con la acusación, se le relaciona con el asesinato de José Pablo Xanteco Bartolo, comisario de la comunidad indígena de Xicotlán, ocurrido el 30 de octubre de 2021, además de presuntos vínculos con los grupos criminales “Los Rojos” y “Los Tlacos”

La defensa afirma que la orden de aprehensión, emitida el 11 de junio de 2026, se apoyó sobre todo en la declaración de la hija de la víctima, rendida el 3 de junio de este año, casi cinco años después de los hechos

Los abogados también señalaron que la esposa de Xanteco Bartolo declaró en junio de 2022 que desconocía quién había asesinado a su esposo, lo que para ellos contradice la versión posterior incorporada al expediente

El segundo testimonio cuestionado corresponde a un hombre identificado como Marcos Campos Ahuejote, quien habría fallecido en mayo de 2022. La defensa sostiene que la firma asentada en ese documento no coincide con la de su credencial de elector

Irregularidades en la carpeta

Rogelio Teliz, integrante del equipo jurídico, explicó que casi todas las actuaciones de la carpeta están firmadas por la misma agente del Ministerio Público, salvo las dos entrevistas que apuntan directamente contra Galindo

Agregó que uno de esos escritos no tendría código de barras, ni sello del Ministerio Público, ni la firma de la asesora jurídica, además de que presenta una tinta reciente en color azul, distinta al resto del expediente

También recordó que en agosto de 2025 la Fiscalía de Guerrero informó al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que Galindo no registraba procesos penales en su contra, solo carpetas por amenazas

Galindo formaba parte de ese mecanismo desde el 4 de enero de 2021 y contaba con acompañamiento de la Guardia Nacional y la Policía Estatal en comunidades de Tlapa y Chilapa

Un caso con trasfondo político

Abel Barrera Hernández, director del centro de derechos humanos Tlachinollan, acusó al juez de ignorar los elementos de descargo y de actuar bajo presiones externas

También sostuvo que la detención se relaciona con las denuncias públicas que Galindo hizo sobre la presunta complicidad de autoridades con el grupo criminal “Los Ardillos” durante los ataques de mayo de 2026 en la Montaña Baja, que dejaron al menos ocho integrantes del CIPOG-EZ muertos y cerca de 2 mil 200 personas desplazadas

El reclamo familiar

Aurea Oropeza, esposa del dirigente, relató que el 17 de julio viajaba con él cuando fueron interceptados en el retén de San Marcos. Dijo que más de 40 elementos rodearon el vehículo, apuntaron con armas, revisaron la unidad y detuvieron a Galindo frente a ella

La mujer aseguró que no supo de su paradero hasta casi 30 horas después, cuando él logró llamarla desde el penal

Enedina, madre de Galindo, intervino por videoconferencia y pidió su liberación. “Él es inocente, esto es político”, afirmó, al tiempo que exigió a los gobiernos estatal y federal que cumplan los compromisos asumidos con los pueblos indígenas

La sala penal unitaria tiene entre tres y seis meses para resolver la apelación. La defensa confía en que el auto de vinculación sea revocado y que Galindo obtenga su libertad