El proyecto de ley SB 873, conocido como Courthouses: privilege from civil arrest, propone nuevas garantías para las personas que concurran a los tribunales de California por motivos legales

La iniciativa fue enviada al gobernador Gavin Newsom el 4 de septiembre y todavía no recibió una decisión ejecutiva

Qué protección establece la SB 873

El texto busca impedir que una persona sea detenida por una supuesta infracción civil dentro de una sede judicial, mientras se dirige hacia ella o durante el regreso

La medida podría alcanzar, entre otros casos, a las detenciones migratorias. Si alguien fuera arrestado en esas circunstancias mientras desarrolla una actividad legítima, podría iniciar un reclamo por encarcelamiento ilegal o arresto falso

En caso de obtener un fallo favorable, la persona afectada podría solicitar una compensación de hasta US$10.000, además de los daños correspondientes, los costos judiciales y honorarios razonables de abogados

La cobertura no se limitaría al interior de los tribunales. También incluiría las aceras, áreas verdes y calles ubicadas junto a las instalaciones judiciales, así como las vías públicas situadas dentro de un radio de 1000 pies, equivalente a unos 304 metros

Quiénes quedarían incluidos

La protección alcanzaría a quienes participen directamente en un proceso judicial y a quienes acompañen, apoyen o asistan a una parte, un testigo, un posible testigo o una víctima

  • Cónyuges y parejas de hecho.
  • Personas comprometidas o en una relación de noviazgo.
  • Padres biológicos, adoptivos, de crianza y padrastros.
  • Menores y otras personas dependientes bajo el cuidado de quien deba acudir al tribunal.
  • Intérpretes, traductores y colaboradores en la lectura o el llenado de documentos judiciales.
  • Profesionales y asistentes médicos o sociales, gestores de casos y trabajadores sociales.
  • Defensores de víctimas de violencia doméstica o agresión sexual.
  • Personas encargadas de trasladar a las partes o a los testigos.

La enumeración no sería exclusiva. Además, el proyecto presumiría que quien viaja hacia un tribunal, permanece allí o regresa está realizando una actividad legítima

El protocolo frente a un arresto civil

La propuesta establece que el personal de seguridad de los tribunales deberá seguir un procedimiento específico si detecta el ingreso de agentes del orden público en funciones oficiales

Los agentes tendrían que identificarse, explicar el motivo de su presencia y entregar una copia de la orden judicial correspondiente. Si la persona cuenta con representación legal, también deberían permitir que su abogado revise ese documento

El objetivo es verificar que exista una autorización judicial válida antes de concretar una detención

La principal excepción se aplicaría cuando el arresto se realice en cumplimiento de una orden judicial válida emitida por un juez. A su vez, los tribunales, funcionarios y empleados judiciales, incluido el personal de seguridad, no podrían ser demandados si actúan legalmente para preservar la seguridad y el orden

El proyecto espera la decisión de Newsom

La Asamblea de California aprobó la iniciativa el 25 de agosto. Luego, el Senado aceptó las modificaciones finales el 28 de agosto, con 30 votos a favor y diez en contra

Tras ser impreso y certificado para su presentación, el proyecto llegó formalmente al gobernador el 4 de septiembre. Newsom puede firmarlo o vetarlo dentro del período establecido