El gobernador de California, Gavin Newsom, promulgó la ley AB 1633, que establece un impuesto anual equivalente al 25% de los ingresos de los operadores privados de centros de detención en el estado
El gravamen comenzará a aplicarse el 1.º de julio de 2028. Los recursos serán destinados a servicios relacionados con inmigración, aunque su utilización dependerá de una asignación posterior de la Legislatura
Quiénes deberán pagar el nuevo gravamen
La norma alcanza a las empresas privadas que administran instalaciones de detención ubicadas en California, incluidos los establecimientos utilizados mediante contratos con el gobierno federal
La tasa se calculará sobre los ingresos brutos obtenidos por cada operador durante el año fiscal anterior. La recaudación estará a cargo del Departamento de Administración de Impuestos y Tasas de California
Entre las compañías que administran centros de este tipo se encuentran GEO Group y CoreCivic, que mantienen acuerdos con el gobierno federal
El impuesto no modifica la situación de las personas detenidas
La promulgación de AB 1633 no cambia por sí misma la situación migratoria de las personas detenidas ni establece su liberación
La ley entra en vigor como norma tributaria, pero el cobro anual comenzará recién el 1.º de julio de 2028. Antes de determinar cuánto dinero financiará servicios migratorios, deberán conocerse los niveles de recaudación y las asignaciones presupuestarias
Destino de los fondos recaudados
Una vez descontados los conceptos previstos por la ley, los ingresos serán depositados en el fondo estatal Due Process for All Fund
El dinero podrá utilizarse para servicios relacionados con inmigración cuando la Legislatura determine las partidas correspondientes. La gobernación no informó cuánto se prevé recaudar con el nuevo impuesto
La SB 420 modifica otro beneficio tributario
Newsom también promulgó la SB 420, una disposición independiente sobre impuestos a la propiedad
La norma excluye de una exención tributaria a determinados inmuebles, o partes de ellos, que sean operados como centros de detención por entidades con fines de lucro
Esta medida es diferente del impuesto del 25% sobre los ingresos de los operadores establecido por AB 1633. El paquete legislativo también contempla ampliar el acceso público a registros y reforzar la supervisión de las instalaciones de detención civil