El proyecto de ley AB 1941 llegó al escritorio del gobernador de California, Gavin Newsom, después de completar su trámite en la Asamblea y el Senado. La propuesta incorpora nuevas herramientas penales contra los robos coordinados de cables de cobre y otros metales utilizados en servicios públicos
Penas previstas para el robo organizado de metales
La iniciativa propone incluir el delito de robo organizado de metales en el Código Penal de California. En ciertos casos, la conducta podría ser considerada un delito menor, con una pena de hasta un año en la cárcel del condado
La misma sanción podría aplicarse cuando una persona participe en dos o más robos o episodios de posesión de material sustraído durante un período de 12 meses, siempre que el valor acumulado supere los US$950
Si el caso fuera tratado como un delito grave, el proyecto contempla penas de 16 meses, dos años o tres años de prisión
La norma también alcanzaría a quienes participen en la estructura delictiva sin extraer directamente los materiales. Reclutar, coordinar, organizar, supervisar, dirigir, gestionar o financiar a otras personas podría derivar en una pena de hasta un año de cárcel
Qué conductas quedarían alcanzadas
AB 1941 consideraría delito actuar junto con una o más personas para sustraer metales de infraestructura o servicios públicos con el objetivo de venderlos, intercambiarlos u obtener un beneficio económico
La propuesta también incluye la recepción, compra o posesión coordinada de metales cuando exista conocimiento o sospecha de que fueron robados. Además, contempla el papel de intermediarios o agentes dentro de una operación organizada
De esta manera, el proyecto no se limitaría a quienes extraen físicamente los cables, sino que también abarcaría distintas funciones vinculadas con la coordinación y comercialización de los materiales
La legislación vigente ya establece responsabilidad penal para determinados comerciantes o recolectores que compren o reciban cables, cobre u otros materiales pertenecientes a empresas de servicios públicos, ferrocarriles o entidades públicas sin verificar que el vendedor tenga derecho a disponer de ellos. AB 1941 utiliza esas categorías como referencia para definir el nuevo delito
El impacto de los robos sobre los servicios públicos
Los documentos que acompañan la propuesta señalaron que el aumento del precio internacional del cobre impulsó el interés de redes dedicadas a sustraer cables de alumbrado, sistemas eléctricos y elementos de telecomunicaciones
En Los Ángeles, la Oficina de Alumbrado Público registró entre 45.000 y 46.000 solicitudes relacionadas con cortes de iluminación durante 2024. Cerca del 40% habría estado vinculado directamente con robos
En el viaducto de Sixth Street Bridge fueron sustraídos más de 38.000 pies, equivalentes a unos 11.000 metros, de cable de cobre. Los daños fueron estimados por encima de los US$2,5 millones
El problema también afectó a las telecomunicaciones. Durante 2024 se registraron 2200 incidentes independientes de robo de cobre y se informó un gasto de US$60 millones en reparaciones durante 2025
El proyecto espera la decisión de Newsom
La iniciativa fue presentada oficialmente al gobernador el 31 de agosto a las 16 horas. Ahora, Newsom debe decidir dentro del plazo constitucional correspondiente
El asambleísta demócrata Mark González impulsó el proyecto, que recibió el respaldo del alcalde de San José, Matt Mahan, de empresas de telecomunicaciones, organismos de seguridad y representantes del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles
Sus impulsores sostienen que las herramientas actuales no son suficientes para investigar estructuras que operan en distintas ciudades y condados. El objetivo de la propuesta es permitir el seguimiento no solo de los robos individuales, sino también de las tareas de coordinación y comercialización del material sustraído