El Gobierno modificó el protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad frente a delitos informáticos y casos que involucren a menores de edad en entornos virtuales, en medio del aumento de amenazas de violencia masiva en escuelas difundidas por redes sociales
La Resolución 725/2026 establece que el personal policial deberá ajustarse a la Ley de Protección de Datos Personales N° 25.326 y no podrá tratar datos sensibles ni publicaciones de niñas, niños y adolescentes sin orden judicial
Suspensión obligatoria, con excepciones
La norma dispone que, cuando exista certeza o presunción de que la tarea preventiva en el espacio cibernético involucra a un menor, la actividad deberá suspenderse y quedar asentada en el libro de registro, con aviso inmediato a la autoridad responsable
Sin embargo, esa suspensión no será obligatoria en cinco supuestos excepcionales: si hay riesgo de vida para el menor; indicios de desamparo, fuga o sustracción; conductas autolesivas o suicidas; si el menor es presunta víctima de un delito en curso cuya prevención o esclarecimiento requiera continuar el monitoreo; o si hay indicios fundados de peligro para la vida o integridad física de otros menores
En ese último caso, la continuidad podrá aplicarse ante amenazas, planificación o preparación de actos de violencia masiva en escuelas o espacios públicos, tanto si el menor es víctima como si es autor
Más control y registro
En todos los casos exceptuados, el personal actuante deberá dejar constancia precisa de las razones que justifican seguir con la tarea y comunicarlo de inmediato a la autoridad encargada de la investigación
La decisión oficial busca combinar una respuesta operativa más rápida frente a situaciones urgentes con la protección de derechos y garantías en el uso de información personal, especialmente cuando hay menores involucrados
La modificación se enmarca en una serie de medidas orientadas a reforzar la prevención y la respuesta ante el avance del ciberdelito. Entre ellas figura el Plan Federal de Prevención de Ciberdelitos y Gestión Estratégica de la Ciberseguridad 2025-2027, que reconoce la necesidad de actualizar el marco normativo y sumar herramientas especiales para investigar delitos complejos en entornos digitales
También se destacó la creación del Programa de Fortalecimiento en Ciberseguridad e Investigación del Cibercrimen (FORCIC), destinado a ampliar capacidades de prevención, detección, análisis y respuesta frente a incidentes cibernéticos