Una revisión interna, no una señal política

Capital One informó en un escrito judicial que cerró en 2021 las cuentas vinculadas a Donald Trump después de detectar movimientos financieros con rasgos asociados al lavado de dinero. La entidad aseguró que la medida fue el resultado de meses de análisis y de una revisión cuidadosa de su equipo de prevención de lavado de dinero, de acuerdo con sus políticas y las pautas regulatorias

El planteo surge en una demanda presentada por una de las empresas de tenencia financiera de Trump tras su regreso a la Casa Blanca. El presidente sostiene que el banco cerró sus cuentas de manera ilegal por razones políticas, en un contexto posterior a los ataques del 6 de enero de 2021 en el Capitolio

La disputa por el llamado “debanking”

Trump también inició acciones legales contra JPMorgan Chase por una acusación similar: haberle retirado servicios bancarios por motivos políticos luego de dejar el poder en 2021. Ambos bancos niegan haber cortado vínculos con el mandatario, sus hijos y otros negocios relacionados por esa clase de razones

En el caso de JPMorgan, la demanda reclama 5.000 millones de dólares. La entidad ha dicho que no cierra cuentas por motivos políticos, sino también cuando existen riesgos legales o regulatorios, incluso sin una causa específica

En julio, los abogados de Trump ampliaron la presentación original con nuevas acusaciones. Capital One respondió que esas afirmaciones carecen de sustento y que se apoyan en interpretaciones sesgadas de declaraciones previas. La defensa del presidente rechazó ese argumento, aunque no respondió a los hallazgos internos señalados por el banco

Más de una década de relación bancaria

Según el escrito, Trump tenía más de 300 cuentas en Capital One antes de que fueran cerradas. Los fondos estaban vinculados a distintos negocios con su marca, desde un campo de golf hasta una bodega. La relación entre ambas partes se había extendido por más de diez años

Capital One afirmó además que no buscó hacer un gesto político con la decisión. Sostuvo que nunca hizo pública la medida ni su proceso interno, y que dio a los demandantes varios meses y extensiones para conseguir nuevos servicios bancarios

El caso se inscribe en un debate más amplio sobre el cierre de cuentas por riesgo financiero, legal o reputacional, una práctica que críticos y sectores conservadores describen como exclusión bancaria