Plazo político y advertencia judicial
MADRID.— El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, elevó este lunes la presión sobre el Gobierno de Pedro Sánchez y le dio 30 días para presentar medidas que permitan encauzar la situación en la ciudad autónoma tras la entrada masiva de migrantes procedentes de Marruecos a fines de julio
El dirigente del Partido Popular advirtió que, si no obtiene una respuesta, llevará el caso ante otras instituciones del Estado, entre ellas el poder judicial, las Cortes Generales, las comunidades autónomas, la Federación Española de Municipios y Provincias y organismos europeos
“A quien haga falta, porque no nos vamos a rendir”, sostuvo durante una comparecencia extraordinaria en el palacio de la Asamblea
Reclamo de control y retorno
Vivas acusó al Ejecutivo de mostrar una “pasividad casi absoluta” y de intentar presentar como normal una situación que, según dijo, sigue sin resolverse
El presidente ceutí afirmó que más de 70.000 personas ingresaron de forma irregular en Ceuta entre el 30 y el 31 de julio, mientras que las cifras oficiales difundidas en las últimas semanas superan las 72.000. La mayoría regresó después a Marruecos, pero entre 5.000 y 8.000 migrantes continuarían en el enclave, según distintas estimaciones
Para Vivas, la normalidad solo llegará cuando vuelvan a Marruecos quienes ingresaron ilegalmente y alteraron el orden en la ciudad. También cuestionó la falta de precisión oficial sobre cuántas personas siguen en Ceuta y cuántos expedientes de devolución o expulsión se iniciaron
La Justicia y el pulso con Madrid
El mandatario ceutí dijo que quiere trasladar personalmente la situación a las máximas autoridades judiciales españolas, si aceptan recibirlo. Mencionó a la presidenta del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, y al presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido
“El poder judicial es la piedra angular del Estado de Derecho. Ceuta vive un estado de excepción”, afirmó
También dejó entrever que detrás de la falta de respuestas podría haber una decisión política, en una crítica que endurece el choque con La Moncloa
Acogida, salud y tensión social
El Gobierno central empezó a ampliar el dispositivo de acogida. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, anunció la habilitación de cuatro centros de atención humanitaria y acogida temporal con capacidad para unas 1.500 personas
La disputa también alcanzó el terreno sanitario. La ministra de Sanidad, Mónica García, visitó Ceuta y pidió al gobierno local espacios adecuados para asegurar condiciones de salubridad y una atención controlada. Negó un colapso del sistema, aunque reconoció que trabaja bajo presión
Según sus datos, los servicios médicos atendieron a unas 5.800 personas en 15 días, con unas 300 consultas diarias. Profesionales de la salud denunciaron agotamiento, mientras García advirtió de un riesgo epidemiológico moderado para la población migrante y bajo para los residentes
Vivas replicó que la ciudad no necesita “lecciones de humanidad” y defendió que Ceuta vive la crisis como una cuestión de seguridad, convivencia, servicios públicos e integridad territorial
Condiciones precarias y refuerzo fronterizo
La situación humanitaria sigue abierta. Cientos de migrantes que permanecen en la ciudad participaron el domingo en una protesta en la playa de El Trampolín para pedir asilo y rechazar su devolución a Marruecos
Muchos continúan en condiciones precarias, durmiendo al aire libre o en asentamientos improvisados. Entre ellos hay ciudadanos marroquíes, además de personas de Nigeria, Senegal y Bangladesh
Las autoridades españolas advirtieron que quienes ingresaron de forma irregular no podrán quedarse en Ceuta ni pasar a la península, salvo en casos excepcionales vinculados a vulnerabilidad. En paralelo, España reforzó su dispositivo de seguridad en el enclave con más de 500 agentes adicionales