La ciudad de Chicago impuso nuevas reglas para las empresas que ya trabajan con el municipio o buscan hacerlo. La Orden Ejecutiva 2026-06, firmada por el alcalde Brandon Johnson, suma requisitos de transparencia y control sobre los proveedores públicos

La medida no excluye de forma automática a una compañía por tener vínculos comerciales con el ICE. El objetivo oficial es reunir información para evaluar conductas vinculadas con derechos civiles, relaciones laborales e integridad pública

Qué deberán declarar las empresas

Los contratistas y subcontratistas que operan con Chicago tendrán 60 días para informar si, en los últimos cinco años, recibieron más de US$500.000 a través de acuerdos con organismos públicos

También deberán reportar si estuvieron involucrados en procesos civiles o administrativos relacionados con denuncias de uso excesivo de la fuerza, detenciones ilegales, actuaciones policiales inconstitucionales o discriminación

En los contratos municipales superiores a US$100.000, las empresas deberán sumar datos sobre la composición de sus directorios, ciertas políticas de diversidad y acciones para incorporar, contratar o promover a personas que hayan estado en prisión

Más control sobre quién contrata la ciudad

La orden incorpora un mecanismo para impedir que determinadas entidades obtengan contratos o subcontratos si cometieron una “violación de integridad pública” en los cinco años previos

Entre las conductas contempladas figuran sobornos, robo de salarios y discriminación laboral. A diferencia de otras restricciones del código municipal, esta norma también contempla resoluciones adoptadas por órganos de control, como inspectores generales o auditores, y no solo condenas judiciales

Los futuros contratistas deberán certificar que no incurrieron en esas faltas durante el período establecido y comprometerse a no hacerlo mientras dure el contrato. Si incumplen, la ciudad podrá rescindir, suspender o inhabilitar el acuerdo

US$3190 millones bajo la lupa

Según los datos oficiales citados por la administración municipal, Chicago identificó contratos vigentes por unos US$3190 millones vinculados con 42 compañías que también mantienen o mantuvieron negocios con el ICE

Las declaraciones que presenten las empresas deberán publicarse dentro de los 30 días posteriores a su recepción, para que queden disponibles para consulta pública

La orden también exige que, en nuevos contratos, renovaciones o extensiones, las empresas informen a sus trabajadores sobre sus derechos bajo las normas antidiscriminación y las regulaciones laborales locales

Además, se creó un Grupo de Trabajo sobre Estándares Éticos de Contratación Pública, con hasta 12 integrantes. El organismo deberá hacer audiencias públicas en un plazo de 60 días, presentar propuestas en 120 días y, en 150 días, el director de adquisiciones tendrá que actualizar las medidas y procedimientos municipales