La activista nicaragüense en el exilio Claudia Pineda llamó a no aceptar como normal la crisis de derechos humanos en Nicaragua y advirtió que la represión estatal, activa desde 2018, sigue marcada por detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura y muertes bajo custodia

Como directora ejecutiva de la Asociación Memoria y Justicia por Nicaragua, con sede en Costa Rica, Pineda señaló que 23 de al menos 60 opositores y críticos encarcelados permanecen en condición de desaparición forzada. Según explicó, el Estado no informa su paradero ni reconoce su situación dentro del sistema penitenciario

Muertes bajo custodia y opacidad oficial

La activista recordó que en el último año murieron bajo custodia del Estado los opositores Mauricio Alonso Petri y Carlos Cárdenas Cepeda, además de una persona no identificada y el exdiputado indígena miskito Brooklyn Rivera. Sostuvo que esos casos reflejan la fase más extrema de un sistema sostenido por la incomunicación, la desaparición y la falta de atención médica

Pineda afirmó que la muerte de una persona detenida compromete directamente la responsabilidad del Estado, que está obligado a proteger su vida. También describió el mecanismo represivo como una red de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura, vigilancia y muerte bajo custodia

Prisión política sin garantías

La socióloga dijo que la prisión política funciona como un instrumento para criminalizar cualquier disidencia real o percibida. Indicó que las capturas se realizan sin orden judicial, mediante allanamientos irregulares y con participación de fuerzas policiales y parapoliciales

Una vez detenidas, agregó, las personas quedan incomunicadas, sin acceso a defensa ni información sobre su situación jurídica, y son sometidas a procesos sin garantías. Esa práctica, sostuvo, no solo busca quebrar al detenido, sino también intimidar a su familia y a su comunidad

Sobre los 23 detenidos en desaparición forzada, advirtió que la falta de información los expone a tortura, negligencia médica y muerte. Dijo además que el Estado no los reconoce en los registros penitenciarios, no entrega informes médicos, no permite visitas ni ofrece datos sobre su estado físico o legal

Pineda afirmó que la desaparición forzada ha sido una práctica sistemática y no un hecho aislado. También sostuvo que el cuadro descrito se inserta en una política represiva que, desde las protestas de 2018, alcanzó a activistas, opositores y ciudadanos con destierro forzado, anulación de nacionalidad, confiscación de bienes y eliminación de registros oficiales

La persecución, añadió, también se extendió a sacerdotes, seminaristas y fieles, con detenciones, asedio en templos y expulsiones del país. A eso se sumó el cierre forzoso de más de 5.000 organizaciones no gubernamentales, entre ellas asociaciones médicas, grupos de derechos humanos y colectivos de mujeres