El gobierno de Colombia informó ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que más de 132.000 personas fueron asesinadas durante la década transcurrida desde la firma del acuerdo de paz con las FARC, suscrito en julio de 2016

El canciller Omar Bula sostuvo que las cifras no respaldan la idea de que el pacto haya sido un modelo exitoso para otros países. También señaló que la cantidad de integrantes de grupos armados aumentó de unos 6.000 a casi 30.000

Persisten los secuestros y la extorsión

Según los datos presentados por el gobierno, entre la firma del acuerdo y agosto de 2026 se registraron 132.930 homicidios, cerca de 100.000 casos de extorsión y más de 2.750 secuestros. Las cifras oficiales no pudieron ser verificadas de manera independiente

El acuerdo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia puso fin a más de medio siglo de conflicto armado, en el que murieron más de 220.000 personas y casi seis millones fueron desplazadas. Después de la firma, unos 14.000 combatientes abandonaron las armas

Disputa territorial y expansión del narcotráfico

Bula afirmó que Colombia enfrenta actualmente al Ejército de Liberación Nacional, al cartel del Clan del Golfo, a decenas de disidencias de las antiguas FARC y a redes criminales regionales y transnacionales

Estos grupos ampliaron sus enfrentamientos por el control territorial y someten a comunidades mediante la violencia, la extorsión y las economías ilícitas. El canciller también alertó sobre el crecimiento del narcotráfico y señaló que la producción de coca aumentó más de un 50% en 2023

El giro de seguridad del nuevo gobierno

El presidente Abelardo de la Espriella, quien asumió el cargo en agosto, prometió apartarse de la política de negociación con grupos armados impulsada por su antecesor, Gustavo Petro. El mandatario sostiene que el proceso de paz no logró frenar la violencia

Durante los primeros 60 días de su administración, las fuerzas de seguridad reportaron 32.029 detenciones, la incautación de más de 135 toneladas de drogas y el retiro de 3.414 armas de fuego

Además, el gobierno firmó 119 órdenes de extradición con el objetivo de desarticular redes internacionales de narcotráfico y estructuras del crimen organizado transnacional

El Ejecutivo también debió atender las consecuencias del terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el 13 de agosto, cinco días después de la investidura presidencial

Control estatal como condición para la paz

El canciller explicó que las operaciones buscan recuperar el control del territorio, debilitar a los grupos armados y cortar sus fuentes de financiamiento. También apuntan a restablecer la presencia y la autoridad del Estado en zonas donde las organizaciones criminales intentaron reemplazarlas

Bula afirmó que garantizar la seguridad y la justicia, junto con recuperar el control estatal, es indispensable para construir una paz sostenible. El gobierno aseguró además que mantiene su compromiso con la implementación del acuerdo de 2016

La misión de verificación de las Naciones Unidas, que supervisa el pacto a pedido de Colombia, tiene un mandato vigente hasta el 31 de octubre