Organizaciones de derechos civiles e investigadores pidieron mantener la recolección anual de datos demográficos laborales, en una audiencia pública donde advirtieron que frenar ese sistema debilitaría la lucha contra la discriminación en el empleo

Un informe bajo presión

La discusión giró en torno al formulario EEO-1, que desde 1966 obliga a empresas privadas de cierto tamaño y a contratistas federales a informar cada año la distribución por género y raza en distintos puestos, desde ejecutivos hasta trabajadores operativos y de servicio

La Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo votó el mes pasado, por 2 a 1, avanzar con la eliminación de esa obligación. La propuesta quedó ahora abierta a comentarios públicos durante 30 días, hasta el 24 de agosto

Advertencias sobre el impacto

Quienes se oponen sostuvieron que esos datos fueron clave para detectar patrones sistémicos de discriminación y para seguir la evolución de mujeres y minorías en el mercado laboral

También señalaron que quitar esa herramienta dejaría a reguladores, investigadores y empresas con menos capacidad para medir avances o retrocesos en diversidad y equidad laboral

Apoyos a la eliminación

Del otro lado, voces conservadoras defendieron el fin del reporte. Argumentaron que se trata de una carga administrativa innecesaria y que puede alentar prácticas de contratación o promoción basadas en criterios raciales o de género

Para esos sectores, la comisión puede investigar otras formas de discriminación sin necesidad de ese formulario, que consideran anticuado y desproporcionado frente a sus beneficios

El uso empresarial de los datos

Representantes de empleadores respondieron que no hay evidencia sólida de que las compañías usen esa información para fijar cuotas raciales o tomar decisiones discriminatorias

Por el contrario, afirmaron que muchas firmas la utilizan para detectar sesgos internos, revisar procesos de selección y mejorar políticas de cumplimiento

Investigadores también defendieron el valor del sistema para su trabajo académico. Dijeron que, sin esa información, el país perdería una de las principales herramientas para observar con claridad la evolución de la desigualdad laboral

En la audiencia participaron 22 oradores. La mayoría se expresó en contra de eliminar el reporte; seis lo hicieron a favor