El gobernador de Texas, Greg Abbott, enfrenta una nueva presión política por el funcionamiento del Dilley Immigration Processing Center, una instalación que mantiene a familias migrantes bajo custodia. Legisladores demócratas estatales le pidieron que exija su cierre
Un centro bajo la mira
El bloque demócrata de la Cámara de Representantes de Texas sostuvo que Dilley no ofrece condiciones seguras para niños ni adultos. También reclamó una visita legislativa al establecimiento y una intervención de organismos estatales vinculados con el bienestar infantil y la salud pública
En su planteo, los legisladores describieron al centro como la única instalación en Estados Unidos dedicada a retener a grupos familiares con menores que no enfrentan cargos penales. Además, cuestionaron el contrato con CoreCivic, la empresa que opera el lugar, al señalar que su esquema favorece una dotación insuficiente de personal y una atención deficiente
Denuncias por atención y condiciones
Los reclamos incluyeron denuncias de abogados que representan a personas alojadas en Dilley. Entre los casos citados aparece el de una mujer que, según la presentación, no habría recibido una ecografía para evaluar un bulto doloroso en el pecho. También mencionaron a un niño de cinco años que no habría accedido a tratamiento por 15 caries
Otro caso expuesto fue el de un adolescente de 16 años. De acuerdo con el reclamo, el personal le dio ibuprofeno y le indicó que esperara tres días, hasta que terminó necesitando atención de emergencia
Las familias también denunciaron comida con gusanos o restos de uñas, agua no apta para beber y luces encendidas durante toda la noche
CoreCivic rechazó esas acusaciones. Su vocero, Ryan Gustin, afirmó que el establecimiento recibe distintos niveles de supervisión y que las autoridades federales controlan el cumplimiento de las normas aplicables. La empresa sostuvo que ofrece un entorno seguro y adecuado, tres comidas y refrigerios diarios, y la cantidad de trabajadores exigida por su contrato gubernamental
La disputa llegó también al Congreso
La presión estatal se sumó a otros pedidos para cerrar Dilley impulsados desde el Congreso federal. En julio, el representante demócrata Joaquín Castro encabezó un pedido firmado por 111 miembros demócratas de la Cámara de Representantes al Departamento de Seguridad Nacional. El grupo exigió terminar el contrato con CoreCivic y clausurar el centro
Menores detenidos por largos períodos
El debate también volvió a poner el foco sobre el tiempo que permanecen detenidos los niños en Dilley. Un análisis basado en datos federales detectó que al menos 60 menores pasaron 100 días o más en el lugar
El promedio de permanencia fue de unos 25 días, aunque en un período de seis meses llegó a 47 días. Durante el primer año desde la reapertura del establecimiento, en marzo de 2025, alrededor de 3000 niños pasaron por Dilley y más de la mitad permaneció allí por más de 20 días
Ese plazo es central en la disputa judicial por el acuerdo Flores, que fija protecciones para menores bajo custodia migratoria
Supervisión judicial sobre Dilley
Una orden de la jueza federal Dolly M. Gee, fechada el 17 de agosto, nombró a Andrea Sheridan Ordin como responsable especial y al pediatra Paul H. Wise como monitor independiente. Ambos deberán controlar el cumplimiento del acuerdo Flores y de las órdenes judiciales vinculadas
La supervisión en Dilley abarcará tres puntos: el tiempo de permanencia de los menores, el acceso adecuado a la atención médica y la notificación de sus derechos
La orden autoriza visitas anunciadas y sin aviso, entrevistas con personas detenidas, familiares adultos y empleados del ICE, además del acceso a documentos y registros. El esquema tendrá un período inicial de 12 meses desde la entrada en vigencia del protocolo de supervisión
Ordin y Wise deberán presentar informes trimestrales ante la corte. Si detectan incumplimientos relacionados con la custodia, la atención médica o la información sobre derechos, deberán comunicarlo al ICE y a los abogados del gobierno