La defensa de Cristina Fernández de Kirchner llevó su condena en la causa Vialidad al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y pidió, como medida urgente, la suspensión de la inhabilitación perpetua que le impide competir en elecciones

El anuncio se hizo este miércoles en Buenos Aires, durante una conferencia en la que participaron Carlos Alberto Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego. Los abogados explicaron que buscan una revisión del proceso judicial que terminó con una pena de seis años de prisión y la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos

Un reclamo internacional con foco en garantías

La presentación fue formalizada como una comunicación individual ante el organismo de la ONU encargado de supervisar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La estrategia se activó después de que quedaran agotadas las instancias internas en la Justicia argentina

La defensa sostiene que durante la investigación y el juicio se vulneraron garantías básicas, como el debido proceso, la imparcialidad del tribunal y el derecho a una defensa adecuada. También cuestiona la forma en que se valoró la prueba y la actuación de los peritos

La cautelar y el posible recorrido local

Valim señaló que el pedido cautelar apunta a frenar la sanción de inhabilitación mientras se analiza el fondo del planteo. Borrego sostuvo que esa resolución podría llegar en octubre. Además, la defensa pidió que se revise la prisión domiciliaria y la integración actual de la Corte Suprema

Si el planteo prospera en el plano internacional, la defensa prevé invocar ante la Cámara de Casación Penal el artículo 366 inciso F del Código Procesal Penal Federal para solicitar la revisión de la condena firme. Ese paso no implicaría una revocación automática, pero abriría una nueva discusión judicial en el país

Los argumentos del caso Vialidad

Entre los ejes del reclamo aparecen cuestionamientos a la prueba pericial, a la supuesta parcialidad de algunos peritos y a la imputación por asociación ilícita. También se plantea que parte de los hechos ya había sido analizada en instancias provinciales sin derivar en responsabilidades penales

La defensa insiste en que las decisiones cuestionadas formaron parte de actos de gobierno y no de una organización criminal. Además, rechaza que el proceso haya respetado plenamente los estándares internacionales que la Argentina asumió

Una ofensiva política y judicial en paralelo

Al mismo tiempo que sus abogados hicieron el anuncio, Kirchner difundió una columna en la que volvió a defender su inocencia, cuestionó la sentencia y denunció una proscripción política. Allí sostuvo que busca someter el caso al escrutinio de los derechos humanos internacionales

La ex presidenta también vinculó su reclamo con la violencia política, recordó el atentado que sufrió en 2022 y afirmó que no pide privilegios, sino un juicio imparcial y compatible con las garantías internacionales